La aprobación del reglamento del Consejo Rector de Radiotelevisión Canaria (RTVC) hubiera evitado muchos de los problemas que ahora aquejan a este órgano. Así explicó ayer el presidente del Consejo, Santiago Negrín, la crisis que vive el ente público tras la dimisión de dos consejeras designadas por CC y el PP. Negrín compareció ante la comisión parlamentaria de control de RTVC y recordó que el proceso de elaboración del reglamento se inició en julio y que en agosto ya se disponía de los primeros borradores. El freno, afirmó, se produjo después de que se recibiera el dictamen desfavorable del Consejo Consultivo, cuyos reparos no se subsanaron "porque no había voluntad".
La regulación del Consejo Rector hubiera supuesto, añadió, aclarar las competencias que corresponden al Consejo y a su presidente, además de permitir la creación de un consejo asesor y un consejo de informativos. El retraso en la constitución de estos organismos le fue ayer reprochado por varios de los grupos que componen el Parlamento regional.
Negrín compareció en la Cámara a petición de Nueva Canarias, PSOE, Podemos y PP, que censuraron con dureza su gestión. La diputada socialista Ana González fue especialmente contundente al referirse al "fracaso" del presidente para "generar consensos" y acusarlo de comportarse con "una omnipotencia que la ley no le otorga". "No puede ser que todos estén equivocados menos usted", le espetó.
González reprochó a Santiago Negrín que no haya informado al Parlamento del proceso de elaboración del reglamento del Consejo Rector ni de las causas de la demora que ha experimentado este.
Coalición Canaria, uno de los dos grupos que no había instado la comparecencia del presidente del ente público, atribuyó la situación a las deficiencias de la ley de Radiotelevisión Canaria, aprobada hace poco más de un año, que ha consagrado una "bicefalia imperfecta", formada por el presidente y el Consejo Rector, cuyas competencias no están bien definidas. La diputada nacionalista Guadalupe González Taño se mostró partidaria de "ajustar el modelo" mediante un cambio "puntual" de la norma para "hacerlo más eficiente".
Román Rodríguez, de Nueva Canarias, expresó su disposición a participar en esta reforma legislativa, aunque no para volver al "modelo anterior", que se tradujo, a su juicio, en una mayor dependencia del presidente del poder ejecutivo. Rodríguez avanzó, además, que pedirá la comparecencia de las dos consejeras dimisionarias, María José Bravo de Laguna y María Antonia Álvarez.
Por parte del PP, Guillermo Díaz Guerra se refirió a las críticas de las consejeras que han abandonado sobre la "falta de democracia" en el seno del órgano, en tanto que Juan José Márquez, de Podemos, describió la situación como "un desastre" y defendió que el Consejo Rector debe ser elegido por el actual Parlamento.