Alrededor de 23.000 docentes canarios han autorizado ya a la Consejería de Educación a gestionar su certificado de antecedentes penales. La nueva Ley del Menor, aprobada a finales de agosto del año pasado, daba un margen de seis meses para crear un registro nacional de delincuentes sexuales y establecía que todas las personas que trabajaran con menores deberían acreditar que no habían cometido ningún delito de este tipo. La Administración regional ha optado por adelantarse a la creación de esta base de datos y solicitar este documento, que avala que el interesado no ha cometido ningún delito y puede continuar ejerciendo su trabajo. La mayoría ha delegado en Educación el trámite, pero algunos han preferido tramitarlo personalmente, bien sea a través de la web, usando el lector electrónico de DNI, o presencialmente.

La mayoría de los docentes que han dado vía libre a la Consejería para realizar estos trámites se encuentra trabajando. No obstante, quienes se presenten a la próxima convocatoria de oposiciones, prevista para este verano, también tendrán que acreditar que su historial delictivo está impoluto en el caso de que se quieran incorporar al sistema público educativo.

El requerimiento ha generado críticas por parte de los sindicatos del sector. ANPE Canarias fue el primero en posicionarse y exigió que la Consejería liderara el procedimiento. Es decir, que fuera la encargada de solicitar estos datos al Ministerio de Justicia. Además, la organización solicitó que los docentes no se vieran obligados a solicitar este documento cada vez que opten a un procedimiento selectivo, como puede ser un concurso de traslados.

Comisiones Obreras y STEC también manifestaron entonces su disconfonformidad, ya que consideraron "inapropiada y precipitada" la medida. "El Estado solo exige que no se tengan antecedentes sexuales y este documento va más allá".

A pesar de las críticas, a mediados de diciembre la Consejería envió un email masivo reclamando la presentación de este "aval". Para CCOO, esta petición, cuyo plazo se extendía hasta el 15 de enero, fue "innecesaria".

"No existe ningún motivo de urgencia para proceder de esta forma, en vez de usar el canal que el Ministerio habilitará próximamente, el registro de delincuentes sexuales". Sin embargo, "de forma precipitada y temeraria ha emprendido una campaña de solicitud, de forma generalizada a todo el personal de Educación, de un certificado de antecedentes penales para comprobar si alguno de los docentes que conforman la plantilla ha cometido algún delito", denunció CCOO.

Un documento mucho más completo

La Consejería de Educación se ha adelantado a la creación del registro estatal de delincuentes sexuales y está solicitando, desde mediados del mes de diciembre, que los docentes presenten su certificado de antecedentes penales o autoricen a la Administración para hacerlo por ellos. Se trata de un documento en el que constan todas las infracciones penales que se hayan cometido, además de los posibles delitos sexuales, algo que no ha gustado a algunos sindicatos como Comisiones Obreras.