Canarias será, después de Baleares y País Vasco, la tercera comunidad autónoma que recurrirá ante el Tribunal Supremo el real decreto por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros.
Así lo anunció ayer, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero canario de Sanidad, Jesús Morera, quien afirmó que este real decreto, publicado el pasado 24 de diciembre en el BOE, "vulnera principios básicos y bloquea y vacía de competencias la actividad de estos profesionales".
Además, el consejero consideró que esta norma "genera problemas en la asistencia sanitaria" desde el momento en el que "un enfermero no puede dar un paracetamol a un enfermo en un centro de salud".
El consejero de Sanidad cree que el real decreto "genera problemas de asistencia sanitaria"
Morera afirmó que otras comunidades autónomas, como Andalucía, pueden seguir a Canarias en la interposición de iniciativas similares, un asunto que abordarán en una próxima reunión los distintos consejeros socialistas del área.
El acuerdo adoptado ayer por el Consejo de Gobierno de Canarias pretende que el Tribunal Supremo "deje sin efecto esta normativa estatal" por considerar esta comunidad autónoma "que se trata de una norma de imposible cumplimiento y que vulnera el derecho a la protección de la salud de la ciudadanía, además de que jurídicamente vulneras competencias" de la administración autonómica.
Según explicó Jesús Morera, los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias estiman que este real decreto "adolece de vicios materiales y procedimentales que justifican su impugnación".