Los cabildos, los ayuntamientos y el Gobierno quieren un segundo plan de infraestructuras sociosanitarias con el que ampliar las plazas para personas dependientes, pero la factura del anterior aún pesa sobre las arcas públicas. La Consejería de Políticas Sociales no acabará de pagar los 72 millones que aportó al primer plan hasta 2030.
La directora general de Dependencia y Discapacidad, Alicia Álvarez, explicó ayer que esta es una de las razones por las que la Consejería ha solicitado que se destine una parte de la condonación del Impuesto General del Tráfico de Empresas (IGTE), que este año asciende a 167 millones de euros, a incrementar la oferta alojativa. El envejecimiento y la ley obligan a mejorar considerablemente las prestaciones actuales. A pesar de que esa propuesta ha generado discrepancias dentro del Ejecutivo regional, Álvarez no pierde la esperanza de que eso finalmente ocurra. "Si no es así, tendremos que ponernos de acuerdo para buscar el dinero, pero eso no pasará por quitar partidas previstas para el pago de ayudas", puntualizó.
"Debemos tener en cuenta que todo lo que acordemos ahora tendrá un efecto en los presupuestos de la Consejería a largo plazo". Por eso, Álvarez considera imprescindible hacer un análisis de las posibilidades económicas de las distintas administraciones involucradas y de la ficha financiera necesaria para impulsar ese nuevo plan.
"En primer lugar tenemos que ver cuánto cuesta y luego de dónde sacamos el dinero. Un plan de este calado supone una inversión muy importante", destacó. Ese argumento no es una excusa para eludir la responsabilidad de la Consejería, que quiere liderar ese plan. "Asumo que la oferta que hay ahora mismo es insuficiente. La Consejería creará un número importante de plazas gracias al presupuesto de 2016, pero faltan, como mínimo, 4.000". En este contexto, "no es lógico plantear que no vaya una parte del IGTE a fondos sociosanitarios". Esta demanda, además, "es también la de muchos cabildos y ayuntamientos, que han hecho llegar a la Consejería escritos solicitando que una parte de ese dinero sea destinado a servicios sociosanitarios". Álvarez insistió en las carencias que hay en las Islas y en su capacidad para generar empleo duradero.
Más prestaciones y mejor financiadas. La Consejería de Políticas Sociales se ha marcado como objetivo atender a más personas, pero también mejor. Para intentar cumplir con esos retos, este año destinará tres millones a actualizar el coste de las plazas de Dependencia. En otras palabras, pagará más a las entidades del tercer sector que gestionan este servicio.
"El objetivo es armonizar esta situación. Al llegar nos encontramos con que las plazas en materia de discapacidad estaban escasamente financiadas", admitió la directora general de Discapacidad y Dependencia, Alicia Álvarez.
Uno de los tres millones destinados a este concepto será aportado por los cabildos. "Hemos conseguido implicar a todos las islas. Aumentando la financiación de cada plaza mejoramos los servicios", señaló. Además de un acto de justicia, la responsable del área explicó que si la Administración regional quiere seguir contando en el futuro con el trabajo de estas asociaciones y ONG, no puede seguir pagando tan poco por estas prestaciones.