El decreto del Gobierno de Canarias que regula el alquiler vacacional contiene aspectos "desproporcionados e ilegales", vulnera la libre competencia y supone una "prohibición encubierta" de esta actividad al excluir las viviendas situadas en las zonas turísticas. Estas conclusiones figuran en dos informes jurídicos elaborados por profesores de Derecho de las universidades de La Laguna (ULL) y Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y encargados por el Colegio de Administradores de Fincas de Santa Cruz de Tenerife y la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav).
La polémica normativa -que el Parlamento ha propuesto revisar, pero que sigue vigente- es rechazada por ambos colectivos. Los administradores de fincas de la provincia entienden que el reglamento gubernamental los expulsa de la gestión de estas viviendas, que les corresponde por estar situadas en suelo residencial.
Representantes del colegio profesional se reunieron ayer con el viceconsejero de Turismo del Ejecutivo regional, Cristóbal de la Rosa, con quien discutieron los contenidos del informe realizado por Antonio Aznar, docente de Derecho Civil de la ULL, y acordaron concertar una próxima cita para "seguir avanzando", señalaron fuentes de los administradores, quienes abogan por una regulación estable de las viviendas vacacionales que concilie los derechos de todos los propietarios. Como especialistas en la materia, se ofrecen a participar en la modificación de la norma actual.
El análisis del experto incide en que la prohibición de ejercer el alquiler vacacional en suelo turístico "limita esta actividad, sin justificación alguna y de manera desproporcionada, a favor del lobby hotelero". Critica también que se obligue a presentar una declaración responsable e inscribir la vivienda en el registro turístico de la Comunidad Autónoma como "requisito indispensable" para empezar a alquilarla, algo que no pasa en otras regiones.
Aunque comparte que se impongan "requisitos técnicos y servicios mínimos" a las viviendas turísticas, el informe ve "ilegal" que se apliquen de forma retroactiva normativas anteriores a la construcción de los inmuebles.
La prohibición del alquiler turístico por habitaciones es "restrictiva de la libre competencia", según el estudio, que propone que esta oferta de alojamiento disfrute de una regulación "flexible" -aunque no desde el punto de vista fiscal- para no desincentivar la entrada de nuevos operadores.
El documento aboga por evitar que el sector público introduzca "restricciones injustificadas" a la "libertad de empresa" y al "bienestar del consumidor".
Defectos que pueden acabar en anulación
El profesor de Derecho Administrativo de la ULPGC Manuel Sarmiento, autor del informe encargado por Ascav, planteó ayer que el reglamento del alquiler vacacional "tiene defectos de forma y de fondo importantes" que podrían dar lugar a su anulación, informa Efe. El experto en Derecho Administrativo detecta en el texto del Ejecutivo carencias desde sus apartados iniciales, en los que "no se exponen razones" para explicar por qué se pone en marcha el decreto, cuando en cualquier norma legal es habitual que haya una exposición de motivos que justifique su creación. Según Sarmiento, la normativa de Canarias es "una de las más duras" en esa materia de toda España. Por su parte, el vicepresidente de Ascav, Javier Valentín, recalcó que el decreto incluye "incluso algunos preceptos contrarios al ordenamiento jurídico español" y "atenta contra los derechos de los ciudadanos".