El Gobierno regional hace un uso "sistemático" y no siempre justificado de las encomiendas de gestión. Así lo concluye la Audiencia de Cuentas de Canarias (ACC) en su informe de fiscalización de los 234 encargos que el Ejecutivo hizo a otros órganos de la Administración y empresas públicas durante los años 2013 y 2014. De su análisis, la ACC deduce que "no se han realizado estudios sobre las ventajas de acudir a la encomienda frente a otras alternativas, ni se ha efectuado un análisis de cargas de trabajo que acredite la falta de medios".
La ausencia de recursos humanos o materiales de la administración encomendante es, junto a las "razones de eficacia", el motivo que justifica este procedimiento. La Audiencia de Cuentas no encuentra que el Gobierno haya argumentado que esa carencia de medios se haya producido.
Pero no se trata solo de eso: tampoco se aportaron, "en la totalidad de los expedientes analizados", estudios que acreditaran que quien recibió la encomienda sí contaba con los recursos "suficientes e idóneos" para llevarla a cabo. Además de que esta técnica "solo tiene sentido" si el encomendatario dispone de esos medios, esta práctica conlleva un riesgo, advierte el informe, puesto que en caso contrario "se vería forzado a subcontratar la actividad", un supuesto en el que no se aplica la normativa reguladora de la contratación pública con "la misma extensión y rigurosidad".
La inexistencia de una planificación de las encomiendas ha derivado en "deficiencias en la ejecución presupuestaria" y en un "control superficial" por parte de la Administración, que se limita a "dar su conformidad a los gastos de forma genérica, sin especificar la actividad ejecutada, lo que impidió que pudiera verificarse si los gastos correspondían a costes reales".
Según el informe del órgano fiscalizador, en siete de las encomiendas de este periodo no se detallan las actividades objeto de la cesión. La Audiencia detecta "falta de concreción de resultados cuantificables en todas las encomiendas que permitan verificar la eficacia en la ejecución del encargo por parte del encomendante".
La ACC cuestiona la legalidad de alguna de las encomiendas realizadas, en concreto las relacionadas con las actividades sujetas al derecho administrativo. Este caso se produce en algunas de las que recibieron entidades como Gestión del Medio Rural (GMR), el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) y Gesplan.
También pone reparos el órgano fiscalizador a la política de precios que se aplicó durante estos años. Así, precisa que un 39% de los casos no se aplicaron tarifas y, en los que sí se usaron, "no se ha podido constatar la existencia de algún estudio en el que se fundamentara su cuantía", lo que ha impedido comprobar si la encomienda "constituía la solución económicamente más ventajosa".
Algunas encomendatarias facturaron el IGIC pese a que estos trabajos no están sujetos a este impuesto. De la misma manera, en las actividades llevadas a cabo por Gesplan se facturaron los gastos de personal por encima de su coste real.
Riesgo de cesión ilegal de trabajadores
Un 58% de las encomiendas de gestión efectuadas en 2013 y 2014 tuvieron "carácter estructural y permanente", según el informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias, que advierte que en estos casos se produce un "riesgo de cesión ilegal de trabajadores, al ponerse a disposición de la Administración efectivos de la encomendataria". Aunque admite que, sin externalizaciones, el funcionamiento de la administración se hubiera visto afectado -al no tener suficiente personal o ejecutarse los trabajos con más lentitud-, la ACC puntualiza que el carácter "sistemático" de este procedimiento ha provocado un "trasvase de conocimiento" de los órganos encomendantes a sus entes.