El Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Santa Cruz de Tenerife ha informado, en una nota, que entregó la pasada semana al viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, Cristóbal de la Rosa, un informe jurídico, elaborado por Antonio Aznar Domingo, profesor de Derecho Civil de la Universidad de La Laguna, que viene a avalar los motivos para que este Colegio haya pedido la modificación del Decreto que regula el alquiler vacacional en la comunidad autónoma en varios de sus apartados y se haya personado en la causa judicial que dirimirá los recursos presentados contra dicha normativa.

En la argumentación del profesor de Derecho de la ULL se cuestiona la “dudosa legalidad” de varios artículos del Decreto 113/2015 y se pide expresamente eliminar la prohibición del alquiler vacacional en suelo turístico (artículo 3.2) por ser restrictiva de la libre competencia y “a favor del lobby hotelero”, al tiempo que considera también restrictivo prohibir el alquiler por habitaciones.

En cuanto a la gestión de los administradores de fincas, el informe se detiene en la limitación para poder ejercer libremente su labor al haber prohibido el 90% de la actividad vacacional en suelo turístico, y se insta también a que se reconozca expresamente a los profesionales colegiados de las islas como colectivo “capacitado, preparado y especializado que pueda contribuir al mejor ejercicio de esa actividad”.

Por otra parte, si bien el autor del informe no cree desproporcionado el tener que realizar una inscripción de las viviendas en el correspondiente registro, rechaza que sea esto requisito indispensable para poder comenzar a ejercer la actividad, a diferencia de lo que sucede en el resto de comunidades autónomas.

A juicio del CAF tinerfeño, con la regulación que se ha hecho en Canarias del alquiler vacacional “se ha creado una gran confusión, en lo cual tratamos de actuar y redefinir, como profesionales especializados que somos”.

En este sentido, reclama que se debe diferenciar, en el futuro decreto sobre el que está trabajando la Consejería, el alquiler vacacional del tradicional alquiler de temporada (LAU), con larga implantación en las islas, y que debe distinguirse claramente mediante el contrato.