Cáritas Diocesana de Canarias, Cáritas Diocesana de Tenerife, el Secretariado Diocesano de Pastoral de Migraciones de la Diócesis de Canarias y la Delegación Diocesana de Migraciones de la Diócesis Nivariense han emitido un comunicado conjunto en el que exigen "corresponsabilidad", así como "mayor y mejor coordinación" para respetar los derechos humanos de todas las personas migrantes que lleguen al archipiélago.
Para ello subrayan la necesidad de que se disponga de medios suficientes para una atención "eficaz y eficiente", así como para "garantizar el derecho a la salud de aquellas personas que más lo necesitan".
Este comunicado muestra, además, el "total" rechazo e "indignación" de Cáritas al trato que recibieron los inmigrantes que llegaron a principios del mes de febrero al muelle de Arguineguín, en el sur de Gran Canaria.
En este sentido, reclaman que se "depuren responsabilidades" para evitar que se repita este tipo de actuaciones, que calificaron de "graves" para la salud y dignidad de las personas migrantes.
Asimismo, inciden en que las autoridades e instituciones están obligadas por los tratados internacionales y por el marco jurídico nacional a prestar auxilio en condiciones dignas a las personas migrantes que llegan a las costas, así como a respetar y garantizar en sus actuaciones la no discriminación por raza o lugar de procedencia, entre otros.
Por otro lado, señalan que "no" quieren acostumbrarse a la repetición de sucesos como éste y recuerda también lo ocurrido el 6 de noviembre de 2014 cuando se produjo un "bochornoso espectáculo" con el traslado de personas migrantes en un camión de basura, también en Gran Canaria, alegando en aquel momento "lagunas en los protocolos y deficiencia en su aplicación".
Por ello, consideran que desde entonces "ha habido tiempo para subsanar las carencias" de dichos protocolos donde, añaden, la "dignidad del ser humano ha de ser uno de los ejes trasversales de los protocolos sanitarios establecidos para este tipo de situaciones", de ahí que inciden en pedir "el mismo trato digno para las personas independientemente de su situación administrativa".
"Denunciamos ésta y cuantas otras actuaciones que supongan vejación o vulneración de los Derechos Humanos y cualesquier otra medida que atenten contra la dignidad humana. Hemos venido denunciando, desde la adopción del RDL 16/2012, que la reforma sanitaria es contraria al derecho internacional de los derechos humanos que establece que España tiene la obligación de respetar el derecho a la salud de todas las personas que habitan en su territorio y garantizar el igual acceso a los servicios de salud, preventivos, curativos o paliativos", concluye el comunicado.