El Tribunal de Cuentas ha recomendado a las entidades que gestionan el suministro de agua en Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura que controlen las pérdidas de este recurso, pues se calcula que ocasionaron unos costes acumulados de casi 142,5 millones de euros en el período 2007-2011.
Estas cifras se desprenden del informe de fiscalización aprobado por el pleno del Tribunal de Cuentas en relación con la prestación por las entidades gestoras del servicio de producción y distribución de agua potable, que en las islas corresponde a los Consejos Insulares de Aguas (CIA), ayuntamientos, consorcios y las empresas municipales y mixtas constituidas, siempre que la participación municipal en estas sea mayoritaria.
Entre las conclusiones relativas a la producción en Lanzarote, donde casi toda el agua destinada al abastecimiento proviene de la desalación, se exponen los resultados del análisis de algunas de las infraestructuras hidráulicas ejecutadas por el CIA de la isla y por la sociedad prestadora del servicio INALSA.
En los expedientes de contratación se identificaron incidencias como que no consta el informe que justifica la inversión, la falta de criterios de adjudicación o la fijación de criterios genéricos en el pliego de cláusulas administrativas particulares, sin especificación de su valoración.
También se omite el informe del pliego por los servicios jurídicos y la Intervención, la tramitación de algunos contratos por el procedimiento de emergencia sin que concurrieran las circunstancias establecidas en la normativa de contratación, así como la falta de formalización del contrato en una de las obras.
En cuanto a Tenerife, donde el 88% del agua es de origen subterráneo, se recogen los resultados de la verificación de la contratación llevada a cabo por el CIA y por diversos ayuntamientos en ejecución de infraestructuras hidráulicas.
Así, se ha detectado la utilización en algunas contrataciones del procedimiento de urgencia o de emergencia sin que hubiera una motivación o sin que concurrieran las circunstancias dispuestas por la normativa, además de la fijación de criterios de adjudicación que no favorecieron el principio de economía en la gestión de los fondos públicos, la realización de modificaciones sin que tuvieran lugar las causas legales y la omisión en el expediente de contratación del informe de justificación de la necesidad de la inversión.
El Tribunal de Cuentas concluye que los CIA de las tres islas debían haber aprobado antes de 2009 un nuevo Plan Hidrológico adaptado a la Directiva Marco del Agua pero sin embargo esta obligación solo la ha cumplido Tenerife.