No es lo mismo tener un derecho concedido que poder ejercerlo. A María Montecristo González le concedieron la prestación canaria de inserción (PCI) hace meses. Entonces aún tenía derecho a la ayuda para mujeres con hijos a su cargo. En total cobraba poco más de 600 euros, de los que 189 procedían de la PCI. En enero, cuando el apoyo para hacerse cargo de sus niñas llegó a su fin -"dura 21 meses"-, hizo lo que le indicó su trabajadora social: solicitar la actualización de la PCI para continuar cobrando la misma cuantía, que ya era bastante justa para poder mantener a toda una familia. Ocurrió en enero, pero todavía no ha obtenido respuesta de la Consejería de Políticas Sociales.
María Montecristo no puede esconder su desesperación, sobre todo cuando habla de sus dos hijas, que tienen siete y nueve años. "Comen en el comedor del colegio, por el que pago 44 euros". A veces ha tenido que pedir ayuda a Cruz Roja. "Me dieron garbanzos y arroz. Pero, ¿qué le doy a las niñas para desayunar? ¿Eso?".
Mientras se tramita su solicitud, María Montecristo solicitó en el Ayuntamiento de Güímar, donde vive, una ayuda de emergencia, dotada con "200 euros". Pero se ha encontrado con los mismos obstáculos. No es que no tenga derecho, que lo tiene, sino que la asignación no es inmediata, cuenta. "Tarda entre mes y mes y medio", lamenta. Para ella y su familia ese tiempo es inasumible. Hasta hace unos años, María y su familia vivían en Lanzarote, donde habían comprado una casa. Llegó la crisis, empezaron los problemas y el banco acabó quedándose con su vivienda. Fue entonces cuando decidieron mudarse a casa de la madre de ella, en Tenerife.
Si María tiene que recordar cuándo fue la última vez que trabajó, tiene dificultades. Han pasado al menos 21 meses desde entonces, pero mucho más si hablamos de cuando tuvo un trabajo estable. Hasta que la situación económica se torció, María había trabajado como administrativa. Estudió un ciclo superior de FP y hace unos años, cuando ya estaba desempleada, consiguió que le becaran la matrícula de la carrera de Económicas. Sin dinero es prácticamente imposible que lo consiga. "No puedo ir a clase. Me pasa lo mismo cuando el Servicio Canario de Empleo me llama para algún curso. ¿Cómo voy? Hay becas de transporte, pero te las pagan después de que lo hayas cursado". La situación de su pareja es similar. Acaban de llamarlo para acudir a un curso en La Laguna, pero no puede comprar el bono de la guagua.
La Consejería de Políticas Sociales asegura que actúa de la manera más veloz que puede, pero recuerda que hay que seguir unos trámites para poder verificar los datos. La prioridad de esta área del Gobierno ha sido "que todo el mundo cobre". En la actualidad, hay 8.262 familias -16.672 personas- viviendo gracias a la PCI y "no hay lista de espera". "Ahora se trabaja para que estos cambios de situaciones personales se resuelvan lo antes posible".
Los trabajadores sociales reconocen el esfuerzo, pero no son muy optimistas ante el panorama que ven. La presidenta del colegio oficial en la provincia, Iris Gómez, denuncia que durante estos años la demanda ha crecido muchísimo, pero no así el personal encargado de la gestión.
"Los trabajadores sociales están dando el 100%. Hay muchos compañeros enfermando por el nivel de exigencia que supone este trabajo. Necesitamos más personal en los ayuntamientos y en el Gobierno de Canarias", apunta.
las claves
16.672 personas de 8.262 familias viven gracias a la prestación canaria de inserción.
La prioridad, que cobren. La Consejería de Políticas Sociales ha priorizado que las personas con derecho a la ayuda cobren. Asegura que trabaja para agilizar las modificaciones en la cuantía cuando la situación familiar cambia.
PCI como complemento. Hay personas que reciben una parte de la PCI cuando están cobrando otra ayuda. Es el caso de María, que complementaba la ayuda por tener hijos a su cargo. Ahora, sin esta última, pide que se le actualice la cantidad.