Canarias es la comunidad autónoma con más dependientes que, a pesar de tener reconocido el derecho, no perciben prestación. Solo el 59,7% de los dependientes graves tiene cobertura pública, mientras que el 40,3% de los beneficiarios no dispone de ayuda. Así lo recoge el avance del informe anual del Imserso, que destaca la posición de Castilla y León, Ceuta y Madrid en 2015 a la hora de atender a los dependientes más graves, los de grado II y III. En el ránking de los más moderados, los de grado I, Canarias tampoco sale mucho mejor parada: ostenta el penúltimo lugar.
Además, el documento pone énfasis en un hecho inaudito: las Islas fueron la única región que "perdió" dependientes. Este retroceso en el número de personas inscritas en el sistema, que asciende a 9.301, es responsabilidad del anterior equipo de la Consejería, que incluyó como beneficiarias a personas que no tenían el derecho reconocido. El 31 de diciembre de 2014 en Canarias había 23.196 dependientes reconocidos, mientras que un año después, al terminar 2015, solo había 13.885. El Estado aportó, según el Imserso, 27 millones de euros.
La diputada del Partido Popular Josefa Luzardo cree que estas cifras demuestran que el problema "no es de dinero, sino de gestión", apunta. A su juicio, la llegada de la nueva consejera, Patricia Hernández, no ha implicado cambios sustanciales. "Los centros base siguen estancados porque las nuevas contrataciones que se prometieron con el plan de choque no se han hecho aún". Luzardo advierte, además, del problema de los solicitantes que tienen valoración pero a los que no se les ha aprobado el Programa Individual de Atención (PIA). Este programa determina los servicios que corresponden en función del nivel de dependencia. "En esa situación hay 16.000 personas en toda Canarias y la Consejería ha anunciado que con el presupuesto actual solo pueda dar el PIA a 3.000", alerta.
Nueve años de una ley, pero no de un derecho
En 2015 se cumplieron nueve años de la aprobación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, un texto legal que concitó un elevadísimo apoyo de la mayoría de
los grupos parlamentarios. Durante estos años se ha mantenido el derecho subjetivo de la ciudadanía a la atención a las situaciones de dependencia de los ciudadanos. Asimismo, se ha mantenido el baremo de valoración de las situaciones de
dependencia, aprobado en febrero de 2011, que constituye la puerta de entrada al sistema.
La mayoría, mayores de 65 años
El año pasado fueron atendidos en todo el país 163.475 nuevos beneficiarios con prestación, lo que significa un total de 467.782 en los últimos cuatro años, el 58,76% de los atendidos en la actualidad. En cuanto al perfil por edad de los beneficiarios, el 72,24% tiene más de 65 años. En concreto un 17,06% tiene una edad comprendida entre los 65 y 79 años y un 55,18% ha cumplido ya los 80. En todo caso, el 78,87% de las personas con derecho a prestación que causaron baja en 2015 ya se encontraba recibiendo su prestación.