Las asociaciones judiciales y de fiscales de Canarias han emitido este lunes un comunicado para expresar su preocupación por la actuación de la Fiscalía de Las Palmas en relación al caso de la diputada de Podemos por Las Palmas y juez en excedencia, Victoria Rosell.
En este sentido, hay que recordar que a Rosell se le abrió una investigación sobre la posibilidad de que hubiera incurrido en infracción disciplinaria al no apartarse de una causa instruida contra el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, por haber cerrado este una operación comercial con la pareja de la juez. Posteriormente, Rosell interpondría un recurso por vulneración de derechos fundamentales en cuanto a la participación en procesos electorales.
Así, las asociaciones indican que tras conocerse la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) resolviendo un recurso interpuesto por vulneración de derechos fundamentales de Rosell, subrayan que "dentro del máximo respeto a las resoluciones dictadas o que se puedan dictar", muestran su "preocupación" por la actuación de la Fiscalía Provincial de Las Palmas "arrogándose competencias que --entienden-- se encuentran reservadas por imperativo de una norma constitucional al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)".
"Es a este órgano de gobierno de los jueces al que se le atribuyen de forma clara, exclusiva y excluyente las funciones relacionadas con el régimen disciplinario de jueces y magistrados, todo ello con la finalidad de salvaguardar la independencia judicial", concluyen en un comunicado firmado por las secciones territoriales de Las Palmas de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y las de Canarias de la Asociación Judicial Foro Judicial Independiente y de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales.