Solo tres cabildos -los de La Palma, Lanzarote y Fuerteventura- ejecutaron el 100% de los convenios de dependencia, discapacidad y mayores firmados con la Comunidad Autónoma. En cambio, el de El Hierro y el Gran Canaria justificaron el 93,23% y el 96,60%, respectivamente, y el de Tenerife y La Gomera, menos del 90%.
Los contratos que se rubrican anualmente entre la Comunidad Autónoma y las corporaciones insulares son idénticos para las siete islas, salvo en número y tipo de plazas, que varían en función de la demanda y las necesidades de cada una. Además, también influye la capacidad presupuestaria de cada administración, ya que las plazas se financian entre ambas partes, pero el porcentaje que cada una asume difiere en función de la modalidad de plaza.
En el caso de las plazas de mayores, la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda aporta el 50% del coste, mientras que en las de discapacidad este porcentaje asciende al 66%. El resto es aportado por las corporaciones insulares.
En total, los siete acuerdos firmados el año pasado entre la Consejería y los cabildos supusieron una inversión por parte de la Comunidad Autónoma de algo más de 72 millones de euros, de los que se utilizaron 68 millones. Esto significa que se ejecutó el 94,25% del total y que más de cuatro millones no se usaron.
De esa partida, que pasó a formar parte del remanente de tesorería de la hacienda canaria, casi tres estaban presupuestados en el acuerdo con el Cabildo tinerfeño y 87.000 euros en el de la isla colombina. Por su parte, el Cabildo de Gran Canaria no ejecutó algo más de un millón y El Hierro casi 50.000 euros.
Además de las dos administraciones que sufragan las plazas, algunos usuarios también aportan una parte a través del copago. Se trata de personas que tienen reconocida la dependencia, pero por no así la financiación del derecho.
Este año, la aportación de la Consejería de Políticas Sociales superará los 80 millones de euros e incluirá la creación de 823 plazas nuevas, una cifra superior a la de las plazas habilitadas durante toda la legislatura pasada. El incremento de la oferta ha sido acordado con los cabildos. De esta forma se superarán las 9.000 plazas de dependencia que existen en la actualidad en el Archipiélago.
Así y todo, el número está aún muy lejos de la demanda. Solo en lista de espera, con el Plan Individualizado de Atención (PIA), se encuentran más de 16.000 personas y al menos 2.469 personas murieron en Canarias durante 2013 y 2014 sin gozar de la cobertura legal que da la ley y que está diseñada para garantizar la promoción de la autonomía personal. Además, a finales del año pasado, la Consejería abonó dos millones de euros a comunidades de herederos de fallecidos.