Con un retraso de 45 minutos por los problemas de niebla en Los Rodeos, el Diputado del Común de Canarias, Jerónimo Saavedra, presentó al mediodía de ayer a los grupos parlamentarios el informe de su institución respecto a 2015 y llamó la atención sobre el claro desfase que presenta Tenerife con su número de quejas por la ley de dependencia respecto al resto de islas. De hecho, de las 168 presentadas (más otra de oficio), 99 pertenecen a tinerfeños, lo que supone el 58% del total, lo que contrasta de forma llamativa con las 34 de Gran canaria (un 20%), las 26 de La Palma (15%), las 8 de Fuerteventura (5%) y las 3 de Lanzarote (2%), sin que se contabilizara ni una en La Gomera y El Hierro.
A preguntas de CC, Saavedra aclaró al final la causa, a priori, de este evidente desequilibrio, motivada por la simple ausencia de un jefe de servicio. Eso sí, alabó algunas medidas tomadas en este mandato y que se prevea aumentar el personal con 26 empleados.
No obstante, fue muy crítico por cómo se intentó aplicar en Canarias la ley de dependencia desde su aprobación en 2006 al pretender ir mucho más allá que el propio texto, lo que, al final, ha tenido un efecto boomerang claramente contrario a los intereses de los canarios por los retrasos, por el no reconocimiento en Madrid de muchos casos que están en residencias o tienen ayudas a domicilio o simplemente por las trabas burocráticas y la escasez de dinero. De hecho, calculó que las Islas han perdido de 3 a 4 millones por esto.
Asimismo, alertó de casos, incluso, de nonagenarios declarados grandes dependientes en 2009 que siguen sin recibir las ayudas que les corresponden o los muchos de personas que tenían derecho a este servicio, pero que, desgraciadamente, han fallecido y sus familiares tampoco han podido recibir el respaldo económico por no contemplarse el efecto retroactivo.
Pese a esta situación, Saavedra se congratuló del aumento de las actuaciones del Diputado del Común un 3% respecto a 2014, con un total de 19.954, así como de las quejas en un 10,38% (1.819), lo que hace que, respecto a 2011, suponga un incremento del 49,6%. Se alegra no por las causas en sí que motivan que los ciudadanos acudan a este órgano, sino porque significa que cada vez se conoce y usa más.
De las quejas, 646 fueron de Tenerife, 616 de Gran Canaria, 232 de La Palma, 130 de Lanzarote, 105 majoreras, 26 del resto de España, 24 de El Hierro, 17 de La Gomera, 17 de oficio y 6 del extranjero.
El PP cree inútil el órgano por sus resultados y gasto
A diferencia del resto de grupos, que, aunque hicieron críticas y numerosas peticiones, en ningún caso pusieron en duda la institución, el PP sí lo hizo y tildó de inútil al Diputado del Común por sus resultados y por suponer un gasto de 2,5 millones. Emilio Moreno fue muy crítico, asimismo, con algunos supuestos errores de gráficos y estadísticas, pero puso especial énfasis en reprocharle a Saavedra que dejara caer que no traslada muchas quejas a la Fiscalía simplemente porque no sirve de mucho. A su juicio, es una clara prueba de que la institución tampoco sabe gestionar los casos ni justificar los delitos de desobediencia que hayan podido cometer algunas administraciones, sobre todo en el ámbito urbanístico con las disputas vecinales por muros, accesos y demás. Saavedra le replicó que limita las quejas que traslada a las que tienen opciones de prosperar jurídicamente en pro del rigor, al tiempo que hizo un reiterado alegato a favor de un órgano que, según recordó y recalco, surge en Suecia en los primeros pasos del liberalismo y cada vez se extiende más por todo el mundo, aparte de estar claramente estipulada en el Estatuto. El expresidente socialista, además, anunció que Tenerife acogerá una convención internacional sobre el problema de los alimentos.
Reprimenda sobre el menor y los adolescentes
Aunque alertó sobre dependencia, el alto número de quejas en servicios sociales (427, muy alejadas de las 193 de Economía y Hacienda, el segundo motivo principal) y lo que pasa con la violencia de género, Saavedra fue especialmente crítico con el Gobierno canario por carecer aún de nuevo plan del menor y de adolescentes, datando el último de 1999. Según recalcó, ni siquiera ha habido adaptaciones a la nueva ley estatal (de 2015) y, a diferencia de los avances logrados en la PCI, según recalcó, en este ámbito todo sigue igual, ya que no se dispone del Consejo Canario que piden la ONU y España, y que solo los cabildos de Gran canaria, Fuerteventura y Lanzarote han solicitado. Asimismo, alertó de la situación con la violencia de género por los problemas burocráticos para sustituir a la única psicóloga con que cuenta el Instituto de Medicina Legal (se tardó un año), por lo que, y en sintonía con la Ley del Suelo, recalcó que también en esto se necesita eliminar trabas. Además, y como hace solo Agüimes, pidió reglamentos para los parques infantiles y su adaptación a discapacitados.