La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha calificado hoy de "inadmisible" la conducta de la diputada de Podemos, Victoria Rosell, el pasado 3 de abril en el aeropuerto de Gran Canaria, cuando protagonizó un incidente con un agente al negarse a identificarse en el control de seguridad.

En un comunicado, la asociación asegura que Rosell "menospreció" al agente que le pidió que se identificara mediante expresiones "soeces, difamatorias y arbitrarias".

Según la Delegación del Gobierno en Canarias, el pasado domingo 3 de abril Rosell se negó a identificarse en el control de seguridad del aeropuerto ante un guardia civil que se lo requirió porque "no le daba la gana".

"Ante la exigencia a la pasajera para que se identifique, esta contesta que no le da la gana, abandonando el control hacia la sala de embarque, teniendo que ser requerida en numerosas y reiteradas ocasiones para su identificación, intentando esquivar dichos requerimientos y al agente de la Guardia Civil sin detener su marcha", aseguró la Delegación del Gobierno.

Pero Rosell se defendió afirmando que el episodio era "mentira" y su partido atribuyó lo ocurrido a una "campaña de desprestigio".

Esta asociación defiende la actuación del agente, ya que considera que fue la "correcta", mientras que acusa a Rosell de "falta de conocimiento" de la seguridad en los aeropuertos y de adoptar una conducta que rayaba "el intrusismo profesional".

Además, recuerda a la diputada, quien ha acusado a la Guardia Civil de falsear un acta, que si tal afirmación, "extremadamente grave porque se trata de una conducta delictiva", fuera cierta debería interponer la correspondiente denuncia, cosa que de momento no ha hecho.

La Asociación Española de Guardias Civiles ha querido también recordar a Rosell, juez en excedencia, que "por el cargo que ocupa" debería conocer la legislación vigente en virtud de la cual "tiene la obligación de identificarse ante el requerimiento de la autoridad como cualquier otro ciudadano".

La diputada ya protagonizó un incidente en el aeropuerto de Gran Canaria el pasado mes de febrero cuando exigió al personal de Aena el uso de la Sala de Autoridades.