La convivencia en los centros y la conflictividad escolar protagonizan la mayor parte de las quejas educativas presentadas ante el Diputado del Común a lo largo del año 2015. A pesar de que muchos equipos directivos han diseñado protocolos para la mejora del clima escolar, hay centros donde ha quedado en evidencia que los trámites sancionadores no resuelven por sí solos el problema de fondo. Los datos del año pasado, pero también los registrados años anteriores, han motivado que el comisionado alerte de que la Administración no solo se demora demasiado en dar respuesta a cada una de estas situaciones, sino que no lo hace de manera eficiente.
A pesar del esfuerzo en la implantación del Decreto de Convivencia 114/2011, "la cadena de respuesta se aplica de forma tardía y resulta poco eficaz". La Consejería, gracias a las sugerencias planteadas por este comisionado en informes anteriores, han mejorado algo los tiempos de respuesta, pero "no lo suficiente". Además, durante los últimos meses "se han incrementado las quejas y las solicitudes de apoyo y gestión telefónica".
Además, el órgano que gestiona Jerónimo Saavedra pone el foco en el número de expediente nuevos derivados de acciones disruptivas en institutos por el uso inadecuado y desproporcionado de los aparatos móviles. Estas situaciones se resolvieron con "la suspensión de asistencia al centro", pero urge implementar "medidas preventivas".
Como posibles soluciones, el Diputado del Común apunta la necesidad de desarrollar políticas preventivas que pasen por mejorar la dotación de recursos humanos y materiales para la formación permanente de los docentes y, al mismo tiempo, diseñar estrategias mediadoras y pedagógicas, como demandan los promotores de los expedientes de queja.
En términos globales, el equipo de Saavedra registró 133 quejas durante todo 2015, de las que 54 están relacionadas con causas abiertas en 2014 y 79 son expedientes nuevos. Durante este período, la Consejería de Educación fue la administración que más quejas recibió, por delante del Ministerio o cualquier otra administración competente en asuntos educativos, como cabildos o ayuntamientos. Además de los conflictos en el aula, también hubo un número importante de quejas relacionadas con becas, infraestructuras, matrículas y recursos para atender las necesidades educativas especiales.
Amenaza con declararla "obstruccionista"
El Diputado del Común es bastante crítico en su último informe con los tiempos de demora de la consejería que dirige Soledad Monzón. Según los datos recabados por el órgano, durante el segundo semestre del año pasado "se han dilatado indebidamente las respuestas", lo que repercute negativamente en la percepción ciudadana de la administración. Por ese motivo, el Diputado le recuerda por escrito "el deber legal de colaborar" e, incluso, advierte de "la posibilidad de declarar obstruccionista" a la Consejería. No tiene la misma impresión el Diputado del comportamiento de las universidades canarias, a las que reconoce una mejoría en los plazos a la hora de abordar las reivindicaciones de los jóvenes que cursan alguna carrera o posgrado. Las reclamaciones que atienden los centros están relacionadas con convalidaciones de asignaturas, reconocimiento de créditos, homologaciones de títulos, precios públicos y el polémico reglamento de promoción y permanencia, este último muy criticado por los grupos estudiantiles. La "pasividad" de la Administración es una de las grandes luchas del Diputado del Común, que recuerda que las quejas que no reciben respuesta generan un profundo descontento en el ciudadano y ponen en evidencia que el Ejecutivo regional, además de no estar cumpliendo con la legislación vigente, no pone en valor los principios de eficacia y legalidad. Esos "olvidos" y la disconformidad con las resoluciones de la administración educativa hacen que las quejas persistan en el tiempo. Así y todo, las reclamaciones que acaban resolviéndose en los tribunales de justicia no solo no son numerosas, sino que "son las más escasas", señala el informe.