La Consejería de Sanidad ha abonado en los últimos cinco años más de 20 millones por "funcionamiento anormal de los servicios sanitarios". De estos, 3.058.488,42 correspondieron a reclamaciones patrimoniales (vía administrativa) y 16.980.895,3o euros fueron indemnizaciones por ejecución de sentencias (intereses y costas incluidos).
A pesar de estas cifras millonarias, solo el 28% de los expedientes tramitados fueron resueltos de forma favorable al reclamante. Desde 2010 a 2015 se incoaron un total de 948 expedientes por reclamaciones patrimoniales por funcionamiento anormal de los servicios sanitarios. De ellos solo 266 fueron estimados, a razón de 120 en la vía administrativa y 146 en la contenciosa.
Por anualidades, 2012 fue el año en el que mayor cuantía indemnizatoria tuvo que desembolsar la Consejería de Sanidad: un total de 5.104.322,15 euros (1,4 millones en la vía administrativa y 3,6 por sentencias judiciales). El pasado año, en 2015, la cifra también fue elevada, llegando a los 4.279.298,19 euros (140.000 euros en la vía administrativa 4,1 millones por sentencias).
No obstante, estas cifras no corresponden a casos del año en curso y ni siquiera del año anterior. Se trata mayoritariamente de indemnizaciones que corresponden a hechos sucedidos al menos seis años antes, como puede comprobarse en las sentencias judiciales o las resoluciones del Consejo Consultivo.
El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Jesús Morera, explicó que existe "una tendencia levemente ascendente" en la presentación de reclamaciones patrimoniales en los últimos años. No obstante, matizó que no se ha producido ningún pico relacionado con los años de crisis económica. "Cada vez hacemos tratamientos más sofisticados, complejos, con posibilidad de malos resultados", apostilló.
Entre las sentencias que en 2015 recayeron en el Servicio Canario de la Salud como responsable civil subsidiario se encuentra una que procede de 2008 referente al olvido de un catéter que, "según el informe clínico, había pasado inadvertido en el riñón derecho". "Tras el hallazgo, la recurrente pasó un año esperando a que le fuera retirado" y, "dado el estado pútrido del catéter, sufrió un shock séptico" en un centro hospitalario de Las Palmas de Gran Canaria.
Como consecuencia de estos hechos, se condenó al Servicio Canario de la Salud (SCS) a abonar 186.192,27 euros. El SCS perdió su apelación y fue condenado también a pagar las costas judiciales.
También en 2015 se ha condenado en primera instancia al Servicio Canario de la Salud a pagar 807.700 euros en concepto de lesiones imprudentes de dos facultativos del Hospital Insular que, además, han sido inhabilitados para ejercer la medicina durante tres años.
En este caso, los hechos se remontan a 2009, cuando una joven de 31 años con antecedentes de diabetes y trastorno psicótico ingresó en Urgencias por ingesta indeterminada de paracetamol y vómitos. Sufrió una crisis convulsiva y en los análisis se le detectó un bajo nivel de sodio, por lo que tenía que haberse comenzado a tratar "como una hiponatremia grave". Sin embargo, el facultativo que la atendió desde las 5 de madrugada, "en lugar de aplicarle suero hipersalino, o al menos fisiológico, ordenó que se aplicara suero glucosalino", lo que agravó la hiponatremia.
La afectada tuvo varias crisis convulsivas, la tercera de las cuales la dejó en parada cardiorrespiratoria durante al menos 10 minutos. Estuvo ingresada en el Hospital Insular 226 días.
Por último, el pasado mes de noviembre se desestimó una apelación del Servicio Canario de la Salud a una sentencia que lo condenaba a indemnizar a una paciente con 11.264 euros. Esta fue operada de varices en el Hospital de Lanzarote en 2009 y el cirujano le seccionó la arteria femoral por error. El problema en este caso es que se trataba de un cirujano general, en lugar de un especialista en cirugía vascular.
"Esto nos ha obligado a que estemos desplazando a cirujanos vasculares de Gran Canaria a Lanzarote", explicó el consejero de Sanidad, que añadió que en la OPE de 2015 se va a favorecer que se ocupen todas esas plazas de facultativo especialista de área que "tengamos vacantes en las islas no capitalinas". En total son 312 plazas que vendrán a solucionar las dificultades intrínsecas a la fragmentación territorial de Canarias y a mejorar la especialización de la atención sanitaria en las Islas.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL
Vía administrativa 499.602,64 385.055,48 1.409.289,54 499.274,28 124.783,34 140.483,14 3.058.488,42
Ejecución de sentencias 2.822.304,17 2.737.961,13 3.695.032,61 1.908.613,10 1.678.169,24 4.138.815,05 16.980.895,30
Las indemnizaciones, por el baremo de tráfico
Las indemnizaciones causadas por un funcionamiento anormal del sistema sanitario se calculan conforme a la Ley 35/2015, de 22 de setiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. No obstante, los abogados suelen añadir a estas cuantías otras adicionales en concepto de "daños morales" o "lucro cesante" (dinero dejado de percibir por el ingreso hospitalario o la convalecencia consecuencia de la supuesta negligencia). En el caso de las 33 personas afectadas por un supuesto gas tóxico empleado en el HUC, algunos de los letrados ya han manifestado que van a reclamar al Servicio Canario de la Salud (SCS) como responsable subsidiario para que este, después, reclame a la empresa farmacéutica que comercializó un producto que ha causado la ceguera total o parcial a alguno de estos pacientes.