La Fiscalía ha pedido este miércoles en la vista pública celebrada en el Tribunal Supremo que se mantenga la condena de cárcel dictada por la Audiencia de Las Palmas contra Dimas Martín, exsenador y fundador del Partido Independiente de Lanzarote (PIL) y también expresidente del Cabildo, así como para el resto de condenados, entre ellos el exconsejero Francisco José Rodríguez-Batllori (Coalición Canaria).

La Audiencia de Las Palmas condenó a Dimas Martín a cinco años, seis meses y 22 días de prisión y a diez años y diez meses de inhabilitación absoluta al considerarle criminalmente responsable de un delito continuado de malversación de caudales públicos en contratos realizados por el Ayuntamiento de Arrecife (Lanzarote), escándalo conocido como ''caso Inalsa''.

El ''caso Inalsa'' investigó la malversación de caudales en torno a esta empresa pública de aguas, dentro de una derivada del ''caso Unión''. Concretamente, juzgó si el responsable de Justicia de Canarias José Rodríguez-Batllori cobró dinero del Ayuntamiento de Arrecife y de Inalsa por trabajos que nunca se realizaron, contando para ello con la mediación de Dimas Martín, que por entonces ya se encontraba en la cárcel.

La defensa de Dimas Martín, que ha ejercido el abogado Manuel González Peeters, ha pedido la "nulidad de todo" el procedimiento por entender que hay resoluciones judiciales contradictorias entre sí y por la carencia de control sobre los 263 cd con los audios de las conversaciones telefónicas intervenidas.

"No existe ninguna suerte de control ni podemos saber ni remotamente si han sido manipulados y alterados cronológicamente los tiempos", ha sostenido al tiempo que denunciaba el "desgobierno absoluto" del juzgado de Arrecife desde donde se practicaron las diligencias judiciales, muchas de ellas, según la defensa, sin la firma de la autorización pertinente. "Es un poema del desbarajuste", ha insistido.

El fiscal ha negado cualquier irregularidad sobre la custodia de los cd en tan "graves delitos". "Lo que importa es que la Sala, contra viento y marea, ha cumplido bien con su deber de investigar y hacer justicia a pesar de los pesares", ha sostenido el representante del Ministerio Público, que ha añadido que la sentencia fue "magistral".

CONFUSIÓN ENTRE DINERO PÚBLICO Y PRIVADO

Además de a Dimas Martín, la sentencia condenó a José Rodríguez-Batllori -defendido en el Supremo por su hijo-- a siete de cárcel por varios delitos relacionados con los mismos hechos. También se encontró a María Luisa Blanco Caraballo culpable de los mismos delitos que los anteriores salvo falsificación, imponiéndole cuatro años y seis meses de prisión y seis años de inhabilitación absoluta. Finalmente, se dictó un año de prisión e inhabilitación de tres para José Miguel Rodríguez Sánchez, cinco de prisión y nueve de inhabilitación absoluta para Plácida Guerra Cabrera; y lo mismo para Rafael Elorrieta, todos ellos en un caso que, según el representante del Ayuntamiento de Arrecife, es "paradigma de una época que conviene que pase a la Historia como una pesadilla por la confusión entre dinero público y privado".