Debate viejo, unanimidad nueva. El Pleno del Parlamento canario constató ayer el apoyo de todos los partidos a que haya una tarifa aérea única entre islas para acabar con los desfases en los precios entre unas y otras, sobre todo desde las más pequeñas a las grandes, y para que, como ocurre desde que el Archipiélago asumió las competencias del transporte marítimo, pueda darse una verdadera cohesión entre los isleños con un medio de comunicación esencial en unas islas tan dispersas.

La consejera de Obras y Transportes, Ornella Chacón (PSOE), coincidió en gran parte con las tesis del proponente de su comparecencia, Román Rodríguez (NC). Eso sí, y como luego hiciera Juan Manuel García Ramos (CC), remarcó que el margen de maniobra es muy estrecho por carecer de las competencias aéreas, aunque es lo que se exige en el nuevo estatuto. No obstante, se comprometió a luchar por eso, por que se unifiquen las tarifas en pro de la cohesión, por ampliar la bonificación a residentes del 50 (lo que supone 78 millones anuales) al 75% de cada billete y por mantener las ayudas sociales o promocionales. Según sus cálculos, ese precio único puede suponer entre 25 y 35 millones de euros.

Rodríguez recalcó que todo depende de la voluntad y el liderazgo político. A diferencia del PP, que prefiere abordar esto con calma en la mesa de estudio sobre transportes, cree que se podría impulsar este año sin esperar a esa comisión, destinar 20 millones (que podrían surgir del IGTE) y forzar al Estado a aportar otros 20 anuales para que la tarifa única se aplique desde enero de 2017.

Según subrayó, el Gobierno canario no gasta ni un euro en el transporte terrestre, que asume en un 25% el Estado y el resto los cabildos, y logró grandes avances en el transporte marítimo con solo 25 millones al año. Por eso, cree que se debe hacer igual con los aviones para unir de verdad Canarias.

El líder de NC recordó que se dan 3 millones de movimientos aéreos entre islas al año. A su juicio, la tarifa única no solo es compatible con exigir la cogestión de aeropuertos, sino que ayudaría a exigir al Estado, asimismo, un precio máximo para acudir desde cualquier isla a la Península. Según remarcó, las cantidades son moderadas en un presupuesto regional de 6.500 millones, "pero la conquista, histórica, transformadora, evidente, pues es el problema que más desigualdad genera: el traslado de personas y mercancías".

Curbelo (ASG) coincidió en que se trata de uno de los asuntos más relevantes a tratar en la legislatura y lamentó que el transporte aéreo esté hoy "totalmente abandonado, con tarifas insoportables y malos horarios" en islas como La Gomera o El Hierro.

Juan José Márquez (Podemos) recordó que su partido ya ha propuesto esto en el Congreso y le dijo a Curbelo que esto prueba que se puede tener solidaridad regional sin defender la triple paridad y pese a ser "canarión". Además, censura que le cueste más barato ir a Milán que a un herreño llegar a Gran Canaria y señaló que a un billete en primera a Madrid, que cuesta 900 euros, se le descuentan 450 "que podrían sufragar la tarifa única".

Águeda Montelongo (PP) lamenta que el mercado esté tan regulado y que los operadores no puedan modificar mucho las tarifas aprobadas en 2013, "si bien se aplican descuentos". Aunque apoya la tarifa única, tiene dudas sobre cómo se aplicaría, si se eliminan esas ayudas o si se distinguirían las horas punta o no, por lo que pidió que se analice todo en comisión.

Gabriel Corujo (PSOE) apoyó la iniciativa y recordó que fue Zapatero el que subió del 30 al 50% la bonificación, mientras que García Ramos recordó que es algo que viene de lejos, pero que necesita ineludiblemente disponer de la cogestión de los aeropuertos y competencias en transporte aéreo. Además, afirmó que casi no hay competencia en las Islas por cómo operan Binter y Canary Islands.

La sesión permitió también que la consejera de Turismo remarcara que el empleo en el sector en Canarias es el mayor de todas las comunidades, con 19,1 por cada mil trabajos, si bien no convenció sobre su calidad ni, de nuevo, sobre la compatibilidad de usos del suelo turístico y residencial, sobre todo al PP y, en parte, a Podemos.

Asimismo, Australia Navarro (PP) protagonizó el papelón de la jornada al plantear una proposición de ley sobre servicios sociales que, según le reprocharon todos, calca el anteproyecto del anterior gobierno, rechazado por cabildos y ayuntamientos, mientras el actual impulsa una nueva norma con el mayor consenso posible. Eso sí, NC y Podemos le reprochan al Ejecutivo que prometiese que estaría para enero.

"La ronda de Clavijo y su mochila por Canarias con el IGTE"

El Pleno abordó a primera hora la interpelación del PP al presidente sobre los criterios de distribución del IGTE, si bien la respuesta la dio la consejera de Hacienda, Rosa Dávila. El diputado popular Asier Antona volvió a demostrar sus dotes oratorios, con aliños de fina ironía, al criticar el "enorme enredo" que ha propiciado el Gobierno con estos fondos (160 millones al año para Canarias durante un decenio) y, lejos de verse aliviado ante las explicaciones de Dávila, dijo quedarse aún más confuso. En su opinión, lo único que ha pasado hasta ahora es que se han perdido casi 4 meses para que Fernando Clavijo solo haya tratado de sacar rédito político con un reparto de fondos sin criterios claros y con cifras ya concretadas mientras aún no se había redactado, publicado ni repartido entre los grupos el decreto que, en principio, aunque es precisamente lo que pone en duda el PP, aclara cómo se distribuirá este dinero entre el Gobierno, cabildos y municipios.

Para Antona, Clavijo "y su mochila han estado de ronda por Canarias con el IGTE" ofreciendo partidas sin coherencia ante las peticiones de ayuntamientos o cabildos. Además, insinuó que a Casimiro Curbelo y La Gomera les va muy bien con este gobierno y con el IGTE, pero no a otras islas. En su opinión, se ha enredado sobre si se aplicaba la triple paridad o no, con cómo se va a seleccionar, filtrar y puntuar los proyectos y sobre qué significa "eso del cambio de modelo económico", cuando en el debate sobre presupuestos "se perjudicó" precisamente a los sectores que impulsan las Islas.

Dávila le reiteró en diversas ocasiones que, lejos de enredar, el Gobierno ha hecho en este caso un claro ejercicio de transparencia publicando un decreto que, según recalcó, sigue muchos criterios y formulaciones de distribución de fondos de ministerios como el de Industria y otros. Además, recalcó que los proyectos a presentar serán evaluados inicialmente por técnicos de la consejería de economía, que luego pasarán a una especie de comisión integrada por el Gobierno, cabildos (Fecai), municipios (Fecam), universidades, sindicatos y patronales, para, finalmente, pasar a su departamento y que se adelante el 25% de las partidas totales de cada iniciativa, aportando el resto según se vaya justificando los gastos. La consejera también remarcó que se seguirán criterios de modernización y cambio de modelo económico con unos baremos claros, si bien se mostró abierta a enriquecer el decreto con las aportaciones que se puedan hacer. Frente a la tesis de Antona, que lo puso en duda porque le consta lo contrario, Dávila afirmó que todo se ha consensuado previamente con la sociedad civil (por lo menos la patronal y sindicatos).

El diputado del PP, además, le reprochó que se dé en este caso un claro ejemplo de "juez y parte", ya que las instituciones que presentan y deciden los proyectos a financiar son las encargadas de evaluar el desarrollo de cada iniciativa.

Altos cargos, Tindaya y convenio de carreteras

La sesión de ayer, que se prolongó de 9 a 14:30 horas, sirvió de continuidad a los puntos pendientes de la tarde del martes, y en ella, entre otras comparecencias, intervino el consejero de Presidencia, el socialista Aarón Afonso, a petición de su grupo para detallar el momento actual del estatuto sobre altos cargos, que se pretende aprobar a corto plazo. El texto ya lo poseen los partidos y, en líneas generales, concita parabienes, aunque también hubo matices y hasta advertencias por exceso de celo. De hecho, NC cree que se ha acotado tanto el perfil para ocupar un alto cargo que se impedirá el potencial acceso de muchos profesionales de gran nivel, limitándose más bien a funcionarios. El PP criticó que "llegue tarde" y que el PSOE se contradiga tras rechazar la ley nacional de 2015 sobre este ámbito, mientras que Podemos aprecia muchos avances, si bien prefiere que se constaten en hechos. Además, la consejera de Obras, la también socialista Ornella Chacón, repitió buena parte de las preferencias de su departamento, en coordinación con cabildos y ayuntamientos, a la hora de negociar el nuevo convenio de carreteras, tal y como hizo hace un mes en comisión. Al mediodía, la titular de Turismo, María Teresa Lorenzo, reiteró la intención del Gobierno de desarrollar el proyecto de la montaña de Tindaya y que existe consenso en Fuerteventura, frente al rechazo rotundo de Podemos. Según informó, el gasto supera ya los 17 millones.