Las familias canarias y los centros residenciales acogen a 1.358 menores en situación de desamparo, 699 en residencias y 659 en familias. De estos, 70 son menores extranjeros no acompañados y 16 tienen entre cero y tres años; 38, entre tres y seis; 188, de 7 a 11, y 457, de 12 a 17.
Las cifras, expuestas en comisión parlamentaria por la consejera de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda, Patricia Hernández, suponen un descenso importante con respecto a las que se registraban hace solo algunos años, que se situaban en el doble, pero siguen siendo "mejorables".
La también vicepresidenta insistió en que no hay ningún menor que haya sido declarado en desamparo como consecuencia de la situación económica de su familia. Hernández, de hecho, animó a las familias que tienen problemas de este tipo a acudir a los servicios sociales municipales sin miedo a perder a sus hijos.
Además, Hernández hizo un reconocimiento a la "solidaridad" de la ciudadanía canaria: en la actualidad, precisó, hay 700 familias "aptas" para acoger a menores que lo necesiten inscritas en el "banco de familias".
Llegado este punto, la diputada de Podemos María del Río planteó la necesidad de modificar la ley autonómica para que las familias que acogen a menores puedan optar luego a adoptar a estos chicos, si se da el caso de que no pueden regresar con sus familias.
La portavoz de Podemos exigió, además, que se compruebe la formación de los trabajadores de los centros de acogida para asegurar que estos niños que no pueden ser atendidos por sus padres biológicos durante algún tiempo acaben teniendo las mismas oportunidades que el resto. También demandó la realización de estudios sobre el progreso de los chicos que pasan por este procedimiento.
Hernández apostó por mejorar la coordinación entre ayuntamientos y cabildos para conseguir que los recursos sean más eficientes. Esta intención la manifestó después de que la diputada Melodie Mendoza, de Asociación Socialista Gomera (ASG), demandara la creación de un equipo insular para atender a menores "en situación de riesgo o prerriesgo" en La Gomera. Esta medida, destacó, "es la forma de evitar que más menores acaben en situación de desamparo". La representante de ASG instó al Gobierno regional a conformar un equipo insular de menores para poder asegurar la existencia del servicio, especialmente en los municipios pequeños, que encuentran mayores dificultades para mantener los salarios de los trabajadores.
Por su parte, Teresa Cruz Oval, diputada del PSOE, explicó que una de las fórmulas más eficaces para reducir el porcentaje de menores en riesgo es contar con una potente red de ludotecas y escuelas infantiles, así como de un catálogo de medidas de conciliación familiar y laboral. En la actualidad Canarias se encuentra a la cola en cifra de guarderías, una demanda constante de las familias.