El impacto sobre el territorio que se atribuye al turismo es "mentira", según Francisco Villar, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna, uno de los expertos que intervino ayer en la segunda jornada de ULL Opina, el foro con el que la institución académica trata de aportar su visión sobre los asuntos que más afectan a la sociedad de la Islas, en este caso su modelo turístico.
El docente universitario recordó que el turismo solo ocupa el 3% del suelo del Archipiélago. "En términos de metros cuadrados, la actividad turística ha generado el uso más eficiente del territorio", aseguró. El marco normativo en el que se mueve el sector fue el objeto de la ponencia de Villar, uno de los redactores del proyecto de Ley del Suelo que tramita el Gobierno.
En su repaso por los diferentes textos legales que han regulado el desarrollo del turismo en la región, el catedrático de Derecho analizó el efecto y las posibles consecuencia de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias. Al anular dos apartados de la norma -que prohibía la ejecución de hoteles de menos de cinco estrellas-, el TC ha desestimado que la categoría de los hoteles pueda ser un criterio para autorizar su construcción. "El Tribunal Constitucional dice que en la moratoria no hay razones de interés general que justifiquen las restricciones a las autorizaciones. Solo las hay de tipo económico, y eso va contra el derecho europeo", interpretó Francisco Villar.
Pese a ello, sostuvo que mantener la moratoria sobre el suelo "es coherente" con lo que plantea el fallo del Constitucional. "No es necesario clasificar nuevo suelo turístico salvo en casos puntuales", dijo. En cambio, el ponente considera que "no es válido" conservar la moratoria sobre la actividad, dado que el TC "cuestiona que la Administración determine qué se puede edificar en el suelo en el que se puede edificar".
Sin embargo, Villar advirtió de las consecuencias de "levantar sin más la moratoria". El riesgo, argumentó, es que, una vez desaparezcan las trabas de la normativa, se materialicen las camas "latentes" -que pueden rondar las 200.000- y que se paralicen los procesos de renovación de la planta alojativa, puesto que construir nuevo es más barato que rehabilitar. En este sentido, planteó la conveniencia de orientar las ayudas fiscales solo a la renovación y no a la nueva edificación.