A la hora de analizar las consecuencias de la doble insularidad, sorprende la falta de estudios que se han elaborado sobre la cuestión, pese a la importancia que este condicionante tiene en la vida de los habitantes de las Islas no capitalinas.
Los análisis que se han realizado no sólo son escasos sino que, en la mayoría de las ocasiones, se aborda este factor como un capítulo más dentro de los efectos de la insularidad y la ultraperiferia. Pero la realidad es que casi el 20% de la población de Canarias sufre las consecuencias de vivir en enclaves alejados y además lo padece diariamente en casi todos los pasos que da en su vida: cuando compra, llena el depósito de su coche, va al médico o se traslada fuera de la Isla. El factor doble insularidad siempre resta.
De ahí la necesidad de que se cuente lo antes posible con un informe en el que se refleje cuánto, cómo y cuándo los habitantes de las islas no capitalinas se ven afectados por vivir donde viven. Éste fue el motivo que impulsó hace algunos meses al diputado de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, a presentar una iniciativa parlamentaria para que la Consejería de Economía elabore un informe que avance en este sentido. Pese a que la propuesta fue aprobada por unanimidad en la Cámara regional, poco más se ha hecho desde entonces. No es raro que durante el último debate del estado de la nacionalidad, el propio Curbelo haya tenido que recordar el compromiso adoptado.
Contar con este estudio significa dar un paso significativo a la hora de tener un diagnóstico lo más cerrado posible sobre la desventaja con la que se ven obligados a jugar los habitantes de La Palma, La Gomera, El Hierro, Fuerteventura y Lanzarote. En esta misma línea se enmarca la propuesta de ASG, también presentada en el Parlamento y aprobada en el Cabildo de La Gomera, con los fondos en solitario del grupo de gobierno encabezado por Curbelo, para que se cree un fondo interinsular de solidaridad con estos enclaves.
Su dotación no sería menor al 30% de las inversiones con las que anualmente cuenta el Gobierno canario y serviría precisamente para compensar las consecuencias negativas derivadas de la doble insularidad en aspectos como el transporte, sanidad, mercancías, dependencias y servicios sociales. El presidente del Cabildo invita a la oposición integrada por el Partido Popular (PP), PSOE, Sí se puede y Nueva Canarias (NC-ADG) a explicar a los vecinos su negativa a apoyar la propuesta.
Pero el objetivo de Curbelo va más allá. El diputado regional quiere que estos territorios cuenten con un estatuto diferenciado que garantice sus financiación. De esta manera se daría vía libre a un marco jurídico singular dentro del Régimen Económico y Fiscal (REF), en el que se incluyan medidas estructurales destinadas a compensar a estos territorios, incluida La Graciosa. El reto es afianzar acciones permanentes porque "si las desventajas son invariables también lo deben ser las medidas para compensarlas", señala Curbelo.
En otra ocasión, ASG defendió que los 160 millones del Impuesto General de Tráfico de Empresas (IGTE), se dediquen a contrarestar los efectos de la doble insularidad. Curbelo también solicita un trato especial para estos enclaves en el reparto de los 2.000 millones de fondos europeos que llegarán el próximo lustro. "No estamos hablando de una cuestión política sino económica. Nuestra tarea es conseguir que todos los habitantes de Canarias puedan disfrutar de las mismas oportunidades sin depender de donde vivan", indica. El presidente del Cabildo cita, como ejemplo, los gastos que representa para una familia de las islas periféricas que sus hijos estudien en la Universidad. O los desembolsos inasumibles para un pensionista que tenga que desplazarse a un hospital de las islas capitalinas.
Entre los escasos informes que se han elaborado para cuantificar los efectos de la doble insularidad, está el suscrito por el madrileño Centro de Estudios Económicos Tomillo a principios de la pasada década por encargo de la Viceconsejería de Economía y Asuntos Económicos con la Unión Europea (UE). No obstante, hace cinco años se llevó a cabo una revisión de estos trabajos y de esta manera se pudieron actualizar los datos. Como resultado ha trascendido que las Islas periféricas soportan un sobrecoste cercano a los 908 millones de euros anuales derivados de los efectos de la doble insularidad. El centro calculó que el carácter ultraperiférico de Canarias da lugar cada año a un gasto que cifró en 5.080 millones. También se plantean otros datos como que el precio del transporte de mercancía por mar es el doble que en Baleares con lo cual las empresas de las islas periféricas han llegado a pagar 180 millones de más al año por este concepto.
La Fundación apunta que la doble insularidad hace que algunos componentes del sobrecoste global tengan una incidencia relativa más alta en las empresas de las islas no capitalinas. Es el caso del derivado del transporte de mercancías y de viajes como consecuencia de la actividad, muy relacionados con la fragmentación insular y las dificultades de accesibilidad interinsular. En ambos supuestos el ratio sobrecoste por la facturación es más bajo en las capitalinas: un 3,37% frente a 5,86% para mercancías y 0,28% frente a 0,56% para viajes.