La Consejería de Educación y Universidades formará a los docentes que integren los 80 tribunales que se habilitarán para las próximas oposiciones a la enseñanza. El departamento que dirige Soledad Monzón quiere evitar que se repitan denuncias como la que ha provocado que seis docentes pierdan su condición de funcionarios por haber cometido faltas de ortografía en los exámenes.
El director general de Personal, David Pérez Dionis, explica que hasta ahora los profesores que eran designados para encargarse de la corrección de las pruebas no recibían ningún tipo de formación, solo "información". "En estos procesos siempre se interponen recursos, pero la Consejería tiene que trabajar para dotarlos siempre de más seguridad", apunta.
Además, su departamento quiere agilizar la elección de los tribunales, de forma que los docentes elegidos tengan tiempo suficiente para prepararse antes de que comiencen las oposiciones. Educación cree que de esta forma el procedimiento contará con más garantías jurídicas y será más difícil que prosperen recursos como el que afectó al procedimiento selectivo de 2007. Seis docentes que accedieron a una plaza de funcionario tras la oferta de empleo público están a punto de perder su plaza por haber cometido tres o más faltas de ortografía en los exámenes. La norma establece que una prueba con ese número de errores tiene una puntuación de cero, lo que modifica la calificación total del aspirante y lo deja fuera de la lista de adjudicatarios con plaza de funcionario.
La Consejería de Educación se reunió el viernes con los seis afectados. La Dirección General de Personal ya había comunicado la decisión y la imposibilidad de optar por otra vía al existir varias sentencias. En esta ocasión, el motivo de la reunión era comunicarles los pasos que ha iniciado ya la Administración para culminar un procedimiento que tiene como fin su expulsión del cuerpo de funcionarios. Los docentes que no obtuvieron plaza de funcionario entonces, pero ocuparon los primeros seis puestos como interinos, son hoy los "beneficiarios" de las sentencias que han originado esta rectificación. Algunos de ellos, no obstante, ya habían obtenido la categoría de funcionario en procedimientos selectivos posteriores. "A ellos se les ampliará la antigüedad: se considerará que accedieron en 2007 y no más tarde", detalla Pérez Dionis. En cambio, a los docentes que están a punto de perder su estatus, la Consejería les ha dado la posibilidad de pasar a integrar las listas de empleo en función de la antigüedad que tengan. El sistema de listas vigente en 2007 no vinculaba estas a los procesos selectivos, relación que sí quedó reflejada en 2010.
La burocracia que requiere una actuación de estas características dilatará algún tiempo la ejecución de la decisión. La Consejería de Educación publicó esta semana la primera comunicación en la que daba cuenta del inicio formal del procedimiento. "Es un proceso administrativo, no resolutorio", precisa Pérez Dionis. Ahora la Dirección General de Personal remitirá al Ministerio de Educación toda la información referente a este complejo asunto para que este se encargue de publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la comunicación pertinente. En ese momento los afectados perderán su condición de funcionarios.
La fecha de las próximas oposiciones, que se celebrarán este verano, aún no está decidida, pero los sindicatos educativos y la Administración barajan la posibilidad de que se convoquen el 18 de junio. Las pruebas se convocarán para cubrir cerca de 500 plazas en las siguientes especialidades: Lengua Castellana y Literatura (85), Matemáticas (85), Geografía e Historia (85), Inglés (90), Filosofía (20), Educación Física (20), Hostelería y Turismo (15), Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos (10), Procesos Sanitarios (15), Intervención Sociocomunitaria (20), Mantenimiento de Vehículos (15), Servicio de Restauración (15), Cocina y Pastelería (10) e Inglés en escuelas oficiales de idiomas (15).