El sindicato ANPE Canarias ha rechazado que los resultados de las reválidas incluidas en la LOMCE se usen para elaborar un ranking de centros, y exige que el compromiso por la mejora de la calidad de la enseñanza que ha justificado la aprobación de la nueva ley educativa venga acompañado de partidas económicas.

A través de un comunicado, ANPE Canarias ha explicado que la evaluación continua que ya se aplica en los centros educativos es la herramienta "idónea" para evaluar al alumnado y que las dificultades de aprendizaje "sólo se atajarán si hay recursos económicos para ello".

El sindicato ha indicado que alrededor de 40.000 alumnos se presentarán en Canarias a las pruebas de tercero y sexto de Primaria este curso, y añade que la mayoría se tendrá que enfrentar a la segunda de ellas, que supone el cambio de etapa educativa.

Según ANPE, el enfrentamiento que ha suscitado la ley entre las comunidades autónomas y la decisión de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias de adaptar la reválida al examen que contempla la Ley Canaria de Educación han generado un profundo malestar en muchos centros educativos, cuyos equipos directivos han denunciado la escasa y tardía información al respecto".

Insiste en que no está de acuerdo con la decisión de incorporar al sistema educativo evaluaciones externas con el fin de calificar a los estudiantes, la valoración de las competencias, destrezas y habilidades del alumno, y considera que la evaluación de su aprendizaje deben traducirse en refuerzos y apoyos positivos para los estudiantes.

A juicio del sindicato, "éstos han de usarse para que los chicos puedan alcanzar sus objetivos y no para establecer un sistema de clasificación que llevaría a una carrera anual para supeditar el aprendizaje a los resultados de las pruebas a los rankings de los centros, perdiendo con ello el verdadero objetivo de diagnóstico y recuperación del alumno para alcanzar el éxito educativo".

Se opone, además, a otorgar a las comunidades autónomas competencias del Estado en la fijación de las preguntas y el calendario de las pruebas, pues, según ANPE Canarias, "ahondan aún más en las diferencias ya existentes entre los 17 sistemas educativos del territorio nacional".

Los nuevos proyectos normativos de evaluaciones en ESO y Bachillerato, según ANPE Canarias, han mejorado algunas graves deficiencias como, por ejemplo, que las pruebas sean aplicadas y calificadas por funcionarios docentes, que se eliminen las preguntas tipo test o que la prueba de 2º de Bachillerato sirva no sólo para obtener el título, sino también para acceder a la Universidad.

Sin embargo, muestra su preocupación ante cuestiones como que el desarrollo de la prueba de 4º de la ESO tenga carácter meramente académico para aquellos alumnos que han obtenido buenas calificaciones en su centro educativo.

El sindicato considera que tanto estas evaluaciones como todo el desarrollo normativo de la LOMCE "serían más efectivos si hubieran sido el fruto de un consenso educativo previo, con la participación del profesorado, que es quien está poniendo en marcha la ley y quien va a aplicar estas pruebas".