El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Aarón Afonso, ha reconocido que el Ejecutivo regional conocía la directiva europea que advertía que rebajar el 20% del sueldo y la jornada solamente a una parte de los empleados públicos en el año 2013 contravenía la normativa de la UE, pero ha afirmado que se hizo en base a "razones objetivas".
En declaraciones a los medios, el consejero ha explicado que el Gobierno canario era conocedor de la Directiva 1999/70/CE, que en la cláusula cuarta establece el principio de no discriminación; sin embargo, apuntó que esa misma cláusula establece que ese trato diferenciado puede justificarse por razones objetivas, que, según Afonso, era "mantener el empleo en el ámbito de la Administración autonómica".
Aarón Afonso quiso recordar que en aquel momento se aplicó el reglamento que regulaba los procedimientos de despido colectivo en virtud de la previsión del Estatuto de los Trabajadores, que establecía una prioridad en la permanencia de la Administración pública de los trabajadores fijos respecto a los temporales.
El consejero ha querido dejar claro que éste fue el criterio que aplicó el Gobierno de Canarias para justificar esas "razones objetivas", por las cuales entendía que podía efectuarse un trato diferenciado en aplicación de la cláusula cuarta de la Directiva 1999/70/CE.
En cuanto a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) contra la decisión tomada en aquel entonces por el consejero Francisco Hernández Spínola, su sucesor en el cargo --y en aquel momento director general de Función Pública-- ha expresado su "máximo respeto" a las decisiones judiciales, y se mantiene a la espera de lo que resuelva el TSJC, que fue quien presentó el recurso de inconstitucionalidad.