La Unión Sindical Obrera estudia pedir prisión provisional y sin fianza para el empresario Miguel Ángel Ramírez ante el temor a que destruya pruebas de su caso por supuesto fraude fiscal y a la Seguridad Social y por intentar corromper a los dos jueces que lo han instruido hasta ahora.
El secretario general de la Federación de Trabajadores de la Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSO-USO), Antonio Duarte, y el abogado de su acusación particular, Ismael Franco, han anunciado esta acción, tras conocerse ayer la grabación de una reunión de Ramírez y el magistrado Salvador Alba, quien sustituyó en esa causa a la exjuez y exdiputada de Podemos Victoria Rosell.
En una rueda de prensa, Franco ha informado de que espera que la Fiscalía actúe de manera similar o, en todo caso, que se sume a su petición contra Ramírez, de quien considera que "está conspirando para que prevariquen los jueces" que investigan su causa, con el fin de tratar de anular el procedimiento abierto contra él.
Franco ha señalado que se trata de una estrategia de Ramírez que no debería prosperar porque no se ha vulnerado ningún derecho fundamental del empresario, presidente del grupo Ralons, al que pertenece la compañía Seguridad Integral Canaria, objeto de investigación por fraude fiscal y a la Seguridad Social.
El sindicato además sustenta su petición de prisión provisional en la causa abierta por el Tribunal Supremo para investigar a Rosell, tras admitir a trámite la querella que presentó contra ella el exministro José Manuel Soria por retardo malicioso, prevaricación y cohecho, en la causa contra Ramírez.