El empresario grancanario Miguel Ángel Ramírez entregó ayer en el Juzgado una grabación en la que el juez supuestamente conspira contra la exdiputada de Podemos y magistrada en excedencia Victoria Rosell, según adelantó ayer Canarias7.
El propietario de Seguridad Integral Canaria habría realizado una grabación clandestina en la que el juez Salvador Alba presuntamente le confiesa su intención de acabar con la carrera política de Victoria Rosell, a la que sucedió como titular del Juzgado de Instrucción número ocho.
En las grabaciones, el magistrado Alba promete supuestamente "toda suerte de favores procesales si imputa a Rosell actividades irregulares", según Canarias7.
Por otro lado, el sindicato Unión Sindical Obrera (USO) de Gran Canaria ha convocado para hoy una rueda de prensa sobre la "situación jurídica por un supuesto delito económico de Miguel Ángel Ramírez, propietario de Seguridad Integral Canaria".
A preguntas de EL DÍA, un representante sindical explicó que la rueda de prensa se pronunciaría sobre la aparición de la grabación, dado que es "una noticia de última de hora". Sin embargo, emplazaron el resto de preguntas a la convocatoria de hoy, a las 11.00 horas, donde los letrados de la formación darían todas las explicaciones pertinentes.
Por su parte, la juez en excedencia y exdiputada por Podemos Victoria Rosell solicitó formalmente al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) su reincorporación al Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas, en el que su actuación está siendo investigada por el Tribunal Supremo, informaron a Europa Press en fuentes del CGPJ.
La petición no debe interpretarse de forma automática como una renuncia de Rosell a la política, ya que para no perder su puesto del juzgado del que es titular disponía tan solo de diez días para pedir el reingreso tras el cese de los motivos por los que disfrutaba de su excedencia por "servicios especiales". Es decir, para conservar su plaza tenía que realizar esta solicitud en los diez días siguientes a la disolución de las Cortes.
En el Juzgado número 8 de Las Palmas, del que Rosell es titular, sigue abierta la causa contra el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, que supuestamente la exdiputada de Podemos habría retardado para beneficiar a su pareja el periodista Carlos Sosa, con quien aquel hacía negocios. Con la aparición de la grabación clandestina la situación podría dar un giro inesperado.