Las oposiciones de 2015 pueden quedar en papel mojado si los tribunales atienden la reclamación presentada por un grupo de 72 opositores que han denunciado graves irregularidades durante el proceso selectivo celebrado el año pasado. El colectivo exige que se repitan las pruebas porque consideran que los tribunales conformados para el procedimiento no respetaron la confidencialidad de todos los aspirantes. El recurso, si prospera, afectaría a los más de 900 docentes que superaron los exámenes. De este grupo, más de 200 que obtuvieron plaza como funcionarios en prácticas podrían perder su estatus.

La Consejería de Educación y Universidades, a través de su Dirección General de Personal, ha empezado la notificación por carta a los afectados del inicio del proceso judicial 13/2015 del Tribunal Superior de Justicia (sala de lo Contencioso-Administrativo). Los demandantes alegan que todas las pruebas de los exámenes no contaban con el código identificativo que asegura la confidencialidad de los aspirantes y que la queja que presentaron ante la propia Administración fue desoída. Cada una de las páginas de los exámenes debe incluir dicho código en lugar del nombre del opositor, de manera que se garantice el anonimato de cara a la corrección del ejercicio.

En concreto, los reclamantes han anunciado, vía judicial, la presentación de una demanda contra la Consejería por no estar conformes con la Resolución de 1 de septiembre de 2015 de la Dirección General de Personal en la que se aprobaron las listas de aspirantes seleccionados para realizar la fase de prácticas en las oposiciones del cuerpo de maestros de 2015, convocado por Orden de 11 de mayo de 2015.

Esta demanda se presentó por la falta de respuesta al recurso de alzada planteado por el mismo colectivo el 29 de julio de 2015 contra los acuerdos de los tribunales calificadores (nombrados en la Comunidad Autónoma de Canarias para las cuatro especialidades ofertadas en el cuerpo de maestros) en los que se resolvieron las reclamaciones formuladas contra los acuerdos provisionales de los mismos órganos en los que se publicaron las puntuaciones correspondientes a la primera prueba, partes A y B.

También pretenden recurrir todos los actos y resoluciones que traigan causas o sean consecuencia de las directamente recurridas.

En total, durante estos días se van a realizar más de 900 notificaciones para que se personen como interesados en el procedimiento. Deberán hacerlo en calidad de "codemandados" para defender que el procedimiento de oposiciones permanezca tal como se resolvió en julio de 2015.

La Consejería de Educación, que ha puesto el proceso en manos de los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma, defenderá la validez del procedimiento y los intereses de todos los aspirantes que superaron la fase de oposición. Si el recurso prospera, los afectados directos serían los más de 900 que aprobaron y, especialmente, los que consiguieron plaza. No obstante, Educación tendría que reordenar las listas de interinos de todas las especialidades, lo que afectaría a un número muchísimo mayor de docentes.

Anpe contrata un gabinete para representar a los afectados

El sindicato Anpe Canarias ha contratado a un gabinete de abogados para representar a todos los afiliados afectados en esta causa, a los que está asesorando legalmente estos días. El presidente del sindicato, Pedro Crespo, considera que la situación es muy grave y que el recurso, si prospera, tendrá importantes consecuencias en la vida de miles de docentes. El líder sindical recuerda que el año pasado, antes de que se celebrasen las oposiciones, ANPE, junto con otros sindicatos, denunció graves irregularidades en el procedimiento. El decreto y la orden que regulaban las oposiciones se publicaron con mucho retraso, lo que postergó el nombramiento de los tribunales. Por ese motivo, esta formación valora la decisión del nuevo equipo de la Consejería, que ha decidido acelerar el procedimiento y formar a los docentes que conforman los tribunales, especialmente a los que participen como presidentes. La intención de Educación, según fuentes de la propia Consejería, es que se reduzcan las impugnaciones y se mejore la seguridad jurídica de todos los procesos selectivos.