La Fiscalía aprecia indicios de la comisión de un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios por parte del juez Salvador Alba en la conversación que mantuvo con el empresario Miguel Ángel Ramírez sobre sus relaciones comerciales con la pareja de la magistrada Victoria Rosell.
En consecuencia, solicita que al Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria traslade al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) las diligencias abiertas después de que Ramírez aportara una grabación de esa conversación con el magistrado Alba, según informó ayer la Fiscalía de Las Palmas en un comunicado.
Esa grabación podría sugerir que Alba orientó el testimonio que días más tarde prestó ante él Ramírez para perjudicar a Victoria Rosell (diputada de Podemos la última legislatura) y facilitar la admisión de la querella que había interpuesto contra ella el exministro José Manuel Soria ante el Tribunal Supremo, aunque el propio Alba denunció que está manipulada.
El magistrado mantuvo una conversación preparatoria con el empresario
La Fiscalía pide al Juzgado que eleve una exposición razonada a la Sala de lo Civil y Penal del TSJC, que es la competente para investigar los presuntos delitos cometidos por jueces y magistrados de la comunidad autónoma.
La magistrada Carla Vallejo, que sustituyó a Alba en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, del que era titular la exdiputada de Podemos Victoria Rosell, había solicitado a la Fiscalía que informara sobre si consideraba que el magistrado cometió algún tipo de delito en sus indagaciones.
Salvador Alba sustituyó a Rosell en el Juzgado de Instrucción número 8 de la capital grancanaria durante los meses que esta fue diputada de Podemos en el Congreso.