El delegado del Gobierno en Canarias, Enrique Hernández Bento, lleva apenas siete meses en ese cargo y en ese periodo no ha rehusado afrontar diversas reuniones con empresarios, asociaciones de vecinos y sindicatos policiales para toparse con la realidad que dichos colectivos le plantean. Este tiempo de transición que le ha tocado vivir como máximo responsable de los cuerpos de seguridad del Estado en las Islas ha servido para aplicar o continuar varios proyectos clave.

¿Baja la tasa de criminalidad en lo que va de año?

En el territorio cubierto por la Policía Nacional, las infracciones penales han descendido en el Archipiélago un 4,84% entre los meses de enero y abril, respecto al mismo periodo de 2015. La bajada por provincias ha sido de un 2% en Santa Cruz de Tenerife y de un 8% en Las Palmas. En la demarcación de la Guardia Civil ha habido una reducción del 3% en las Islas, un porcentaje similar al registrado a nivel nacional. Eso significa que, respecto a la media de todo el país, mantenemos una menor tasa de criminalidad (43,7 por 1.000 de media en el resto de España y el 42,6 en el Archipiélago). Creo que la seguridad debemos sacarla del debate político. En general, en Canarias, la sensación es que vivimos en un sitio seguro, aunque comprendo al vecino que sufre un robo violento en su casa y que su percepción subjetiva de la seguridad no es la misma que aquel ciudadano que no ha pasado esa experiencia. Entiendo a la gente (particulares, colectivos, empresarios o alcaldes) que recurren a los medios para denunciar una situación.

En el Sur ha habido varios sucesos violentos.

Me siento con los empresarios y colectivos y los escucho, pero no estoy de acuerdo con lo que dicen. Cuando hablo de que la seguridad es una cuestión de todos quiero decir que no se puede pretender que en cada local de ocio nocturno haya un policía en la puerta para evitar que se produzcan esas peleas. Apuesto por la coordinación con las policías locales, con los empresarios. Ahora estamos en un proyecto muy bonito para traer a policías alemanes, franceses o italianos a patrullar en las zonas turísticas y algunos empresarios van a facilitar alojamientos para esos agentes. Creo que, desde la colaboración, se puede trabajar muy bien.

Ese intercambio de información no parece tan clara en muchos municipios entre los diferentes cuerpos, a pesar de lo que se dice en las Juntas de Seguridad.

Tenemos que ser proactivos en la colaboración, porque nos podemos ayudar en muchas cuestiones. Por ejemplo, en la información sobre matrículas de coches o las bases de datos, se ve claramente que se puede mejorar la cooperación. Canarias es un destino turístico seguro y lo que no podemos es tirarnos piedras sobre nuestro propio tejado y poner en duda ese nivel de seguridad. ¿Hay que seguir trabajando para mejorar? Pues claro que sí.

En Canarias aún no funcionan los Servicios de Atención al Turista Extranjero (SATE).

Ya nos hemos sentado con los alcaldes y presidentes de cabildos para avanzar en su instalación y puesta en marcha. En algunos está a punto de cerrarse su tramitación para abrirlos.

¿Cuáles son los más avanzados?

Estamos a punto de cerrar el de Santiago del Teide, que está muy avanzado, o el de San Bartolomé de Tirajana.

¿Y en Costa Adeje y Arona, no?

Aquí se trata de encontrar un sitio que sea el idóneo. Hemos visto varias ubicaciones; algunas están bien y otras, no tanto. Estamos en ese proceso.

Los nuevos horarios de la Policía Nacional y la Guardia Civil dejan sin apenas agentes en la calle a ambos cuerpos en algunos turnos.

Ahí tenemos un problema. Los nuevos horarios dependen de una directiva europea, que obliga a unos tiempos de descanso determinados y eso resta efectivos del trabajo en la calle. Por eso hablo de que tenemos que potenciar la coordinación entre cuerpos.

¿Cómo va la lucha contra las bandas europeas especializadas en robar y hurtar a turistas?

Un proyecto muy interesante que tenemos con "Policía Europea" es traernos a dos agentes rumanos. Esta iniciativa está casi cerrada. He hablado con empresarios de Gran Canaria y Tenerife y nos ofrecen alojamiento para ambos en el mes de junio. Dichos policías van a colaborar para intercambiar información sobre este tipo de bandas, muchas veces formadas por rumanos. Sabemos quiénes son, dónde están, en qué lugar se alojan y dónde realizan sus actos delictivos. A algunos los hemos detenido más de 40 veces, los ponemos a disposición judicial y los sueltan. Los policías rumanos nos van a facilitar información sobre antecedentes penales que tengan en su país. Al final, se trata de colaborar para proceder a la expulsión de estos ciudadanos, en el caso de que legalmente haya argumentos para iniciar estos expedientes de expulsión. A los empresarios les parece una muy buena idea y están colaborando con nosotros. Uno de esos agentes rumanos estará en la isla de Tenerife y otro en Gran Canaria.

Los empresarios piden leyes más duras para que, por ejemplo, estos delincuentes no queden en libertad con tanta facilidad.

Lo que pasa es que, cuando hacemos leyes más duras, nos critican, como en el caso de la famosa "Ley Mordaza". Les dije a los empresarios que este asunto, el endurecimiento o no de la legislación, se tiene que negociar entre los diferentes grupos con presencia en el Parlamento. ¿Endurecer la legislación para evitar que bandas de rumanos estén actuando; se les detenga 40 veces y sigan en la calle, y acabar con esa mala imagen en el turista que nos visita? Yo me apunto. Lo que no puede ser es que algunos planteemos esas cuestiones y otros nos achaquen que limitamos la libertad del ciudadano. Las cosas en sus justos términos.

¿Cómo ha ido la operación contra ese tipo de delincuencia que afecta a turistas?

Una de las conclusiones a las que se llegó es tener un informe sobre el número de miradores y otras zonas turísticas afectadas por estos delincuentes. A los empresarios se les dijo que debían tener una actitud proactiva e informar a los turistas de la necesidad de ser precavidos. A lo mejor habría que poner carteles en los miradores y otros lugares estratégicos para que las potenciales víctimas cierren las puertas de los coches y mantengan las pertenencias en lugar seguro. O de colocar videocámaras en miradores y otros enclaves, siempre y cuando se apruebe por el órgano competente. Yo estoy a favor de las videocámaras y de cualquier medida que facilite que la Policía haga su trabajo. Creo que tanto los alcaldes de zonas afectadas como el presidente del Cabildo están de acuerdo con esa estrategia conjunta.

Los sindicatos policiales se quejan de la falta de chalecos antibalas y vehículos.

Como máximo responsable de la Policía Nacional y la Guardia Civil en las islas, quiero que los que se están jugando la vida permanentemente por garantizar nuestra seguridad tengan las mejores condiciones posibles. Hay chalecos de sobra para los agentes que trabajan en la calle. Pero les gustaría tenerlo personalizado y eso es complicado, cuando se habla de 7.000 funcionarios entre ambos cuerpos. Su demanda se salva con unas fundas intercambiables que son de cada agente.