La vicepresidenta y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Patricia Hernández, presentó ayer a las entidades sociales el borrador de la Ley del Tercer Sector, cuyo desarrollo está coordinando el Comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza y que primará a las entidades sociales en las contrataciones con la administración.
Hernández comentó que el documento se ha entregado a las entidades para que realicen sus aportaciones y así, en otoño, poder elevarlo al Consejo de Gobierno.
"Será una de las primeras leyes de ámbito nacional y estará muy ligada con las cláusulas sociales, ya que va a primar la contratación de las entidades del tercer sector con las administraciones y va a crear una mesa de participación, asesoramiento e impulso donde estarán las entidades, todas las administraciones públicas y el Consejo Económico y Social", indicó.
En esa línea, recordó que esta ley es un "compromiso electoral" que se sustanció en acuerdo de Gobierno y que pretende dar "marco legal a las entidades, un reconocimiento del trabajo que realizan para las administraciones públicas y del valor añadido que aportan a la sociedad canaria".
El objetivo básico de esta ley es establecer un marco jurídico en el ámbito de la Comunidad que complemente la normativa de cada una de las entidades, y además, reconozca su existencia y su relevancia en la mejora de las condiciones de vida de las personas y fije los cauces para su participación en el diseño, planificación y ejecución de las políticas sociales.
El borrador contempla la creación de un censo de entidades del tercer Sector, la elaboración de un plan de fomento e impulso de su actividad en las Islas, establece los requisitos que deben cumplir y las áreas de interés en las que pueden desarrollar su actividad.