El primer informe anual del comisionado de Transparencia de Canarias es, en rigor, una memoria sobre apenas seis meses de trabajo -los que lleva en funcionamiento este órgano- en la que se ponen de relieve los obstáculos para llevar hasta el final las políticas que garanticen el cumplimiento de la obligación de facilitar información pública por parte de las administraciones de las Islas. Las dificultades para aplicar un régimen sancionador "efectiva" es, en este sentido, el gran "agujero" de la Ley de Transparencia canaria, así como de las del resto del territorio español, advirtió ayer el comisionado, Daniel Cerdán, en el Parlamento regional.

Cerdán detalló ante la comisión parlamentaria de Gobernación algunos de los datos del informe, entre ellos el número de solicitudes de información planteadas a las instituciones, 219, de las que más de la mitad -165- están relacionadas con licencias urbanísticas. El comisionado reconoció que se trata de "pocas demandas" de acceso a la información. No obstante, precisó que la cifra es mayor de lo que recogen la memoria debido a la falta de "un instrumento único de recogida de datos" en cada administración. "Prácticamente ninguna corporación local o insular tiene previsto un registro de solicitudes", constató. En cuanto a las reclamaciones formuladas, ascienden a 18, de las que ocho fueron resueltas de forma positiva.

La exposición del comisionado permitió vislumbrar algunas de las debilidades de la ley. El informe elaborado por el órgano que encabeza Cerdán detecta "una serie de necesidades y de ajustes en la ley" y propone una "reflexión" sobre la conveniencia de elaborar los reglamentos para desarrollarla e, incluso, de modificarla, un proceso de "retoque" que, apuntó, ya han impulsado cuatro regiones que cuentan con normas de transparencia. De cualquier manera, precisó que estos cambios no son urgentes y defendió que el actual texto legal sitúa el Archipiélago "a la cabeza" del país en este tipo de políticas.

Esta reflexión también debe orientarse, a su juicio, a la búsqueda de una vía eficaz para aplicar el régimen de sanciones recogido en la ley. Cerdán aclaró, no obstante, que su intención no es atribuirse estas competencias, algo de lo que lo acusó el diputado del Partido Popular Emilio Moreno. El problema es, tal y como destacaron varios parlamentarios, que son las propias administraciones que incumplen su deber de publicar la información las encargadas de imponer las sanciones, lo que no suele ocurrir.

Otras mejoras que Cerdán cree necesario introducir en la ley son la definición de los plazos para la publicación de la publicada activa y la extensión de su obligación a los contratos menores.

Los grupos parlamentarios aportaron otras sugerencias, como que el silencio administrativo sea positivo (Nueva Canarias) o ampliar la plantilla, una demanda planteada por varias formaciones y sobre la que Cerdán -que se refirió a su departamento como "la microinstitución de Canarias", pues está formado por tres personas- advirtió de que corresponde decidir al Parlamento.

las claves

Preguntar molesta. El aún escaso uso ciudadano de la Ley de Transparencia se debe, según Cerdán, a un factor cultural. "Se piensa que preguntar va a molestar", dijo.

389 instituciones, entidades y empresas sujetos al cumplimiento de la Ley en el Archipiélago.

Datos ocultos. La ausencia de un sistema común de recogida de solicitudes de información hace pensar, a juicio del comisionado, que la información demandada por los ciudadanos es mayor de lo que registran los datos del informe anual.

18 reclamaciones presentadas al comisionado. Una de ellas fue resuelta fuera de plazo y ocho obtuvieron una respuesta positiva.

Sin consecuencias. La falta de consecuencias en caso de incumplimiento lastra el desarrollo de la Ley, según el comisionado.

Solo un 38% de las administraciones sometidas al control del Comisionado de Transparencia aportaron las fichas de evaluación sobre su actividad para facilitar el derecho de acceso a la información pública el pasado año. Las instituciones cumplidoras fueron el Gobierno regional, los cabildos de Gran Canaria, La Palma, Lanzarote y Tenerife y 32 ayuntamientos, de los que 15, sin embargo, cometieron errores en la presentación de la información y solo diez de ellos los subsanaron.

Así consta en el primer informe anual del departamento dirigido por Daniel Cerdán, que también recoge que tres cabildos (El Hierro, Lanzarote y La Gomera) y 18 ayuntamientos no disponen de portal de transparencia.

Además de detallar el bajo nivel de colaboración por parte de las administraciones, la memoria del comisionado reconoce el reducido uso de las herramientas que la Ley de Transparencia pone a disposición de los ciudadanos para acceder a la información pública. Cerdán atribuyó este hecho a un factor cultural, al tiempo que auguró que saber que pueden ser objeto de preguntas "en cualquier momento" derivará en "un mejor comportamiento de los poderes públicos".