La vicepresidenta y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, admitió hoy que la situación de pobreza y exclusión social en las islas es mala, pero aseguró que las cosas han mejorado algo, aunque no se pude ser complaciente.

Hernández, que compareció en el pleno del Parlamento a petición de Podemos para explicar sus planes para paliar la pobreza y la exclusión social, dijo que no se trata de un reto fácil por las "políticas de recortes indiscriminados" del Gobierno del PP.

El crecimiento económico no se está trasladando a la economía real debido a la dinamitación de la negociación colectiva por la reforma laboral y al debilitamiento del estado de bienestar por los recortes, dijo la consejera, quien lamentó que las políticas sobre la regla de gasto impiden a la comunidad autónoma disponer de 240 millones de euros más en su presupuesto.

Pese a todo, dijo que algunos datos han mejorado, como que Cáritas dice que a sus comedores van un 12 por ciento menos de personas, que el desempleo ha bajado de un tercio a un cuarto de la población activa y que la Prestación Canaria de Inserción ha pasado de beneficiar 3.000 personas a 9.000.

También dijo como dato positivo que los niños usuarios de comedores escolares en verano han pasado de 6.000 en 2013 a 4.000 en 2015.

Patricia Hernández señaló que además de "lo urgente" para asistir a las personas que lo necesitan, hay que abordar también "lo estructural".

Para eso tiene que haber un cambio en las políticas estatales que en su opinión ya se habría producido si Mariano Rajoy no siguiera en el Gobierno, de lo que responsabilizó a Podemos por no haber apoyado la investidura de Pedro Sánchez.

Ese reproche se produjo después de que la diputada de Podemos Concepción Monzón recordara a Patricia Hernández que ella apoyó como senadora el cambio del artículo 135 de la Constitución "que da prioridad al pago de la deuda sobre el gasto en las personas".

Concepción Monzón afirmó que los sistemas de protección social son insuficientes, que la gestión es ineficiente y que eso mantiene a todas las personas en riesgo de exclusión, un tercio de la población, con dificultades para acceder a los servicios esenciales y para gozar de igualdad de oportunidades ante su futuro.

"La situación es consecuencia del modelo social, que ignora las consecuencias de un largo periodo recesivo, y de la falta de apoyo publico en protección", aseguró la diputada, quien subrayó que hacen falta respuestas.

Sin embargo, todavía no hay una evaluación de la estrategia canaria contra la pobreza de 2013, para la que se anunciaron 190 millones de euros, los recursos de la PCI siguen siendo insuficientes y el plan de empleo social excluye a muchas personas que lo necesitan, dijo.

Monzón exigió medidas concretas, un gran pacto del Parlamento con medidas urgentes y una ley de servicios sociales, en lugar de dar prioridad a la ley del suelo como hace el Gobierno de Canarias.

Josefa Luzardo, del PP, acusó a la vicepresidenta de pasarse la vida haciendo diagnóstico, en lugar de tomar medidas, y reclamó un plan de choque contra la pobreza dotado de medidas inmediatas y con financiación.

Luis Alberto Campos, de Nueva Canarias, acusó al Gobierno de Canarias de no tomar medidas y le responsabilizó de no dedicar los fondos del IGTE a políticas sociales y servicios públicos.

Melodie Mendoza, de ASG, coincidió en que la situación en Canarias respecto a la pobreza es desoladora y dijo a la consejera que no basta con anunciar que se va a hacer algo, sino que ya es tiempo de ponerse a trabajar en ello.