El exministro de Industria José Manuel Soria ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que interrogue a la juez Victoria Rosell como querellada en delitos de prevaricación, cohecho y retardo malicioso de una instrucción, tras depositar la fianza que se le exigió.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJC había pedido a Soria que presentara una fianza de 12.000 euros si quería continuar con su querella contra la exdiputada de Podemos, ya que en ella no denuncia delitos que le afecten directamente, de forma que no se le puede considerar acusación particular, sino acción popular.

En concreto, Soria acusa a Rosell de haber retrasado intencionadamente una causa penal por fraude a Hacienda y a la Seguridad Social que se seguía en su juzgado contra el empresario Miguel Ángel Ramírez, propietario de Seguridad Integral Canaria y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas.

El exministro sostiene que existen indicios de que Rosell actuó de esa manera guiada por intereses personales, para no perjudicar los negocios que su pareja, el periodista Carlos Sosa, tenía con Ramírez, al que vendió la gestión de una licencia de radio.

El Consejo General del Poder Juricial (CGPJ) ha archivado estos cargos por dos veces cuando la Fiscalía de Las Palmas los formuló por la vía disciplinaria, pero el caso fue aceptado por el Tribunal Supremo a raíz de un informe presentado por el magistrado que sustituyó a Rosell en su Juzgado, Salvador Alba.

En concreto, Alba aportó al Supremo una declaración de Ramírez en la que este reconocía que durante años ha financiado negocios periodísticos dirigidos por la pareja de la juez Rosell.

Sin embargo, nada más abandonar Alba ese juzgado, el empresario Ramírez proporcionó a la Justicia una grabación de una conversación que mantuvo con ese juez antes de declarar, en la que supuestamente este le sugiere lo que tiene que decir para perjudicar a Rosell, a cambio de buscar una posible nulidad de su procedimiento por fraude.

Esa grabación ha dado lugar a que el TSJC abra una causa por posibles delitos de prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios contra Salvador Alba, que instruye la misma magistrada a la que se ha confiado tramitar la querella contra Rosell.

Según ha confirmado a Efe su letrado, Eligio Hernández, Soria aportó ayer al Juzgado un aval bancario por la cantidad que se le exige como fianza, para poder seguir adelante con la querella.

El exministro pide además que el TSJC interrogue como testigo a Miguel Ángel Ramírez y que se proporcione a la instructora del caso, Margarita Varona, una copia íntegra de las diligencias tramitadas en el antiguo juzgado de Rosell contra el empresario grancanario.