El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, realizó ayer una vista a la isla de La Graciosa con la finalidad de conocer el estado de las obras de construcción de la depuradora y del sistema de saneamiento adjudicadas por la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad durante el pasado mes de abril.

El jefe del Ejecutivo canario, que estuvo acompañado por el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, y por el alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort, señaló que con estos trabajos, para los que se señaló un plazo de ejecución de 14 meses, se dará respuesta a una demanda histórica de los ciudadanos y ciudadanas de La Graciosa.

Fernando Clavijo recordó que el Gobierno canario procedió a la contratación, por tramitación de emergencia, de las obras de saneamiento y de depuración de las aguas residuales hace aproximadamente dos meses, tras constatar la amenaza de daño medioambiental existente sobre los sebadales de la Zona Especial de Conservación de la Red Natura 2000.

Las obras, que afectarán principalmente al núcleo poblacional de Caleta de Sebo -aunque permitirá el enganche a la red de saneamiento a todas las viviendas de La Graciosa-, contemplan la instalación de 10.000 metros de tubería y 600 acometidas, así como la instalación de una depuradora de aguas residuales, solventando con ello los problemas de saneamiento y los vinculados al medio ambiente que viene padeciendo La Graciosa en los últimos años.

La futura Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de la Isla estará situada en los Llanos de La Mareta, en una zona alejada de la población y de los núcleos más visitados por las personas que cada día llegan a la Isla. La EDAR contemplará un sistema mixto que combina el uso de una tecnología de tipo natural, como es un humedal de flujo horizontal, con una tecnología convencional, de aireación prolongada.

Tanto el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, como el alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort, trasladaron a su homólogo del Ejecutivo autonómico la necesidad de que el Gobierno canario proceda a la revisión del Plan Rector de Uso y Gestión del Archipiélago Chinijo.