El portavoz parlamentario en Sanidad del Partido Popular (PP) Guillermo Díaz Guerra reitera que el Gobierno de Canarias debería "derogar el decreto 123/1999" de selección de personal estatutario y provisión de plazas.

"Los procedimientos de selección de personal están obsoletos y han resultado tremendamente engorrosos [en el Servicio Canario de la Salud]", afirmó a este periódico. Para Díaz Guerra la prueba de este mal funcionamiento de la norma son "los casi 10 años que hemos estado para celebrar la OPE de Enfermería".

El diputado del PP considera que "cuando finalicen los procedimientos" de oposición que están iniciados, el Gobierno de Canarias debería elaborar "un nuevo decreto que regule las listas de sustitución, procedimientos de selección y consolidación, con unas instrucciones más operativas". "No podemos vernos otra vez en una situación en que el personal sanitario esté más pendiente de concurrir a un proceso selectivo que de su propia función diaria", opina.

Díaz Guerra califica de "berenjenal" la actual organización del SCS. "Lo que está ocurriendo es que cada hospital tiene su propia lista de sustitución, confeccionada, además, a su manera", explica, de forma que una misma persona puede estar en más de una lista, dando la falsa sensación de que hay más profesionales de una especialidad disponibles de los que en realidad hay.

Además, dentro de esta organización fraccionada por centros hospitalarios, el HUC funciona de una manera diferente y propia, a pesar de que se integró en el SCS en 2008.

"Lo que tiene que haber es uniformidad, porque el SCS es uno, independientemente de su situación geográfica", afirma el diputado. "Uniformidad y transparencia, en los procesos selectivos y en la confección de las listas", reitera.

Díaz Guerra recuerda que el presentó una enmienda a la ley de presupuestos para que el Gobierno canario hiciera "una derogación diferida" de este decreto. Con dicha denominación pretendía que "el decreto siga en vigor solo en aquellos procesos selectivos que están en marcha", pero que para los que se inician ahora "ya tengamos un nuevo marco". "No lo admitieron ni a debate", se lamentó, para añadir que de cualquier forma hubiera tenido que pasar la criba del "informe de los servicios jurídicos de la comunidad autónoma", que hubieran dictaminado si tenía o no encaje legal efectivo.