El tiempo corre para las grandes empresas españolas, obligadas a desarrollar auditorías de eficiencia energética para ajustarse a lo dispuesto en un real decreto de febrero de este año que aplica a la legislación nacional una norma dictada por la Unión Europea en 2012. Alrededor de 240 empresas de Canarias -originarias de las Islas o implantadas en su territorio- tendrán que presentar este análisis antes del 15 de noviembre, fecha en la que se cumplen nueve meses desde la entrada en vigor de la normativa, aprobada por un Gobierno en funciones que se arriesgaba a una sanción por parte de las autoridades comunitarias si se retrasaba más.

El cálculo de las empresas que deben cumplir este trámite fue expuesto ayer por Vicente de la Rosa, ingeniero técnico industrial y miembro de la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética A3e, durante la primera jornada de la Semana Europea de la Energía Sostenible, organizada por el portal EnergyHub.es. De la Rosa aclaró que las pequeñas y medianas empresas y las micropymes, que conforman la inmensa mayoría del tejido empresarial del Archipiélago, están excluidas de esta obligación, que afecta a las firmas con al menos 250 trabajadores o cuyo volumen de negocio supere los 50 millones de euros.

La fijada para este año es la primera auditoría establecida para las empresas españolas, que deberán renovarla cada cuatro años. Esta auditoría, puntualizó el ingeniero, "no supone una tasa o impuesto" para los negocios obligados a realizarla, sino una oportunidad. "El ahorro energético va en beneficio de las empresas", dijo.

El incumplimiento de la normativa da lugar a diferentes sanciones en función de las infracciones cometidas, clasificadas en leves, graves y muy graves. Entre estas últimas, penadas con multas de entre 10.000 y 60.000 euros, figura la no ejecución de la auditoría en el plazo legal. En cuanto a las graves, comportan sanciones de entre 1.000 y 10.000 euros, mientras que las leves pueden representar entre 300 y 1.000 euros.

Este bloque de la Semana Europea de la Energía Sostenible contó también con la intervención del jefe de servicio de Eficiencia Energética y Nuevas Energías del Gobierno canario, Javier García, quien admitió que "nadie en el sector esperaba que un Gobierno en funciones" publicara una normativa de esta índole, y trató de responder a algunas de las dudas más habituales sobre su aplicación. Así, precisó que para determinar qué es una gran empresa se computan todos los empleados y todo el volumen de negocio, y no solo los que tiene en Canarias.

Asimismo, recordó que la auditoría de eficiencia energética no se centra solo en los edificios, sino que también se realiza sobre el proceso industrial o comercial que desarrolla la empresa y sobre su transporte interno y flota de vehículos.

las claves

Grandes empresas. Las empresas que deben realizar la auditoría de eficiencia energética son las de al menos 250 empleados, un volumen de negocio superior a 50 millones o un balance general de más de 43. Estos baremos se aplican al conjunto de la firma, y no solo a sus instalaciones en la Comunidad Autónoma.

Sanciones. La normativa recoge un catálogo de sanciones que van de 10.000 a 60.000 euros para las muy graves (entre ellas la no realización de la auditoría), de 1.000 a 10.000 para las graves y de 300 a 1.000 para las leves.

Directiva europea. El real decreto del Ministerio traspone una directiva comunitaria de 2012.