Comisiones Obreras alertó ayer de la destrucción de empleo en las administraciones públicas, a pesar de que existen necesidades por cubrir, en una dinámica que atribuye al presunto interés del Estado de entregar la gestión de algunos servicios a las empresas privadas.

El responsable estatal del Sector de la Administración General del Estado de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, José Manuel Vera, denunció que hasta enero de 2015 se habían perdido en torno a los 23.000 puestos de trabajo en las distintas administraciones públicas del país y que, desde esa fecha hasta ahora, se han suprimido otros 6.200.

"Se reduce el personal, aunque existen necesidades, porque se quiere potenciar un modelo de administración concreto, que pretende contar con un grupo reducido de personal funcionario de alto nivel, el cual planifique y controle. Y el resto, con empresas privadas", analizó Vera ante los medios de comunicación, tras reunirse en Gran Canaria con las distintas fuerzas políticas, salvo el PP.

Vera agregó que, "además", se está potenciando el "hágaselo usted mismo" con la prestación telemática de muchos servicios, "algo que está bien cuando es un derecho y no una obligación". "Estamos en contra de este modelo de empleados de alto nivel y el resto privatizado, ya que no coincide con el modelo constitucional de administración, que sirve con objetividad e imparcialidad a los intereses generales. Si situamos en manos privadas esa gestión e información, romperíamos eso", argumentó. Vera, quien sostuvo que en Canarias se ha pasado de la pérdida de 215 puestos de trabajo en 2015 a los 400 a día de ayer, aseguró que Comisiones Obreras peleará porque esta situación sea "reversible".

"Es necesario revertir esta situación, porque, si seguimos en esta línea, crearemos ciudadanos de primera y de segunda, ya que el empleo público es el que garantiza el acceso a los servicios a la ciudadanía en condiciones de igualdad", opinó.

José Manuel Vera solicitó a Coalición Canaria, Ciudadanos, Unidos Podemos, PSOE y Nueva Canarias un "compromiso con el empleo público", para que se convierta en un "objetivo político de primer orden".

El estatuto que no llega

El otro compromiso que demandó Comisiones Obreras ayer al Ejecutivo regional es la puesta en marcha del estatuto básico del empleado público, pactado en 2007 y que sigue sin desarrollarse, un acuerdo para modernizar la administración que sigue en un cajón", denunció. Por su parte, el secretario de organización de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Canarias, Pedro Costeras, recordó que "desde que (José Manuel) Soria era consejero de Hacienda de Canarias en 2009 se inició una tendencia a reducir las condiciones de trabajos de los empleados públicos por la vía de la unilateralidad, que se mantiene a día de hoy". Desde 2009 no se respeta la negociación colectiva de los empleados públicos. Ha habido una batería de disposiciones adicionales que modifican año tras año y de forma unilateral las condiciones y sin negociación alguna", declaró el responsable sindical.