El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, quiso dejar claro ayer que la condonación a la Comunidad Autónoma de los fondos del Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (IGTE) por parte del Ejecutivo central no tiene vuelta atrás. En respuesta a una pregunta planteada en el pleno del Parlamento por Román Rodríguez, portavoz de Nueva Canarias, Clavijo aseguró que hay "plenas garantías" de que el Estado no revertirá el pacto entre las dos administraciones, puesto que para ello es necesario un nuevo acuerdo en el seno de la comisión bilateral al que Canarias nunca accedería.

El jefe del Ejecutivo autonómico reaccionó con dureza a la intervención de Rodríguez, que había alertado de que "los únicos fondos garantizados son los de 2016", mientras que los del próximo año "dependerán de las Cortes Generales y del próximo gobierno". "No hay garantía de continuidad, solo expectativa", advirtió el líder de NC. Clavijo le acusó de "generar confusión gratuita" y de tener "poca fe en este pueblo", al tiempo que insistió en que Canarias seguirá disponiendo "sine die" de los recursos provenientes de haber sido condonada la compensación al Estado por el desaparecido impuesto.

La pregunta planteada por Román Rodríguez fue la segunda que tuvo que contestar el presidente sobre esta cuestión durante la sesión plenaria. Primero había sido Asier Antona, presidente del grupo parlamentario popular y también del PP de las Islas, quien responsabilizara a Clavijo de haber convertido "una magnífica noticia" -la posibilidad de contar cada año con los alrededor de 160 millones de euros del IGTE- en "un lío monumental".

Antona se refería así a la demora que ha experimentado la aprobación del decreto que regulará la aplicación del plan de desarrollo financiado con los fondos del impuesto. El dirigente de la formación opositora expuso la cronología del proceso desde que en septiembre de 2015 se pactara la condonación del IGTE y denunció que estos meses han estado "marcados por la improvisación, el oportunismo y la ineficacia".

Clavijo anunció que el decreto será aprobado por el próximo Consejo de Gobierno y atribuyó la reciente reunión sobre el asunto con la Federación Canaria de Municipios -que Antona había achacado a la iniciativa parlamentaria del PP- a la necesidad de "corregir errores" y atender las demandas de los alcaldes.

No habrá consulta sobre la Ley del Suelo

Las 27 reuniones previas, los 38 encuentros y actos institucionales posteriores y las 129 alegaciones presentadas son, según el presidente del Gobierno de Canarias, prueba de que el proyecto de Ley del Suelo ha contado con la suficiente participación de la sociedad civil. Fernando Clavijo descartó ayer, con estos datos, la posibilidad de convocar una consulta ciudadana sobre la polémica norma que unificará la legislación territorial y urbanística de la Comunidad Autónoma, tal y como le había planteado la portavoz del grupo parlamentario de Podemos, Noemí Santana, durante el pleno de la Cámara.

A juicio de Santana, el proceso participativo por el que ha pasado el proyecto de ley -que ha estado cerca de dos meses en exposición pública- "no es suficiente". "El Gobierno está blindando la oportunidad de que sintamos esta ley como nuestra", lamentó la portavoz de Podemos, que recordó que el presidente "adquirió el compromiso de potenciar la participación de la ciudadanía" sin que, en su opinión, "poco o nada" se haya hecho.

Santana aludió a las críticas formuladas en este aspecto por la Plataforma por un Desarrollo Sostenible -integrada por organizaciones sociales, ecologistas, políticas y sindicales para luchar contra el proyecto legislativo-, pero Fernando Clavijo puntualizó que ninguno de los colectivos que constituyen esta asociación -los sindicatos UGT y CCOO, la Fundación César Manrique o el propio Podemos- ha presentado ninguna alegación en forma de "texto articulado".

El jefe del Ejecutivo autonómico defendió "la participación y el diálogo", pero se mostró tajante al rechazar la "parálisis" que, a su juicio, supondría retrasar la aplicación de una ley dirigida a facilitar "la simplificación y la descentralización". "No nos lo podemos permitir", sentenció.

El efecto del "brexit" sobre las RUP

El presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo, informó ayer de las decisiones adoptadas en la reunión con su consejo asesor -formado por organizaciones empresariales y sindicales- para afrontar los efectos de la próxima salida del Reino Unido de la Unión Europea. Una de estas medidas consistirá en analizar junto a la Oficina de Canarias en Bruselas "cómo se va desarrollando el proceso", en especial por el impacto que el "brexit" podría tener en la negociación de los fondos de las regiones ultraperéricas (RUP) para el periodo 2020-2026, que comienza en 2018 bajo presidencia canaria de estos territorios. Reino Unido es actualmente contribuyente neto en la financiación de las RUP.

"Tranquilidad" para el Plan contra la Pobreza

La consejera de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, pidió ayer a los grupos parlamentarios que tengan paciencia a la hora de exigir celeridad en la elaboración del Plan Estratégico de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza, porque su objetivo es la planificación, no solo actuar contra las necesidades inmediatas. En una comparecencia parlamentaria a petición del PP, recogida por Efe, la también vicepresidenta del Ejecutivo pidió a los grupos de la oposición que distingan entre las medidas coyunturales inmediatas para luchar contra la pobreza, que se están mejorando, de la elaboración de un plan a largo plazo que pretende planificar para que esas situaciones estructurales de pobreza se puedan evitar antes de que sean necesarias las ayudas.

Ortega advierte a los sindicatos del ITC

El consejero de Economía del Gobierno de Canarias, Pedro Ortega, advirtió ayer al comité de empresa del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) que si no flexibiliza sus posiciones la empresa será inviable y el ejecutivo actuará "en consecuencia". En una respuesta en el pleno del Parlamento al diputado de NC Luis Alberto Campos, el consejero acusó a los representantes de los trabajadores de impedir cualquier acuerdo y de falta de voluntad para avanzar en las negociaciones, informa Efe. Por su parte, CCOO denunció poco después en un comunicado la estrategia del Gobierno de "usar a los trabajadores del ITC y culparlos de inflexibilidad como una tapadera para su verdadera intención: desmantelar el instituto".