El Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) puede tener las horas contadas. El consejero de Economía del Gobierno regional, Pedro Ortega, también presidente del Consejo de Administración de la empresa pública, avanzó ayer que el expediente de disolución "ya está hecho" y se enviará esta misma semana a la Consejería de Hacienda para que esta certifique que, tal y como plantea la dirección del centro, el ITC es "inviable" en las actuales circunstancias.

El Consejo de Administración acordó el lunes iniciar el proceso de disolución del instituto al constatar, desde su punto de vista, que no tiene posibilidades de sobrevivir "a corto, medio y largo plazo" si los representantes de los trabajadores no aceptan alguna de las seis propuestas, además de un plan de viabilidad, que les ha presentado la dirección.

La última propuesta formulada por la Administración consiste en una mejora del 7,6% en las retribuciones de la plantilla respecto a las que se pagaban en 2015. Los trabajadores sufrieron un recorte salarial del 14% durante los dos últimos años. Una vez vencido el acuerdo que recogía esta medida, han vuelto a sus sueldos originales, lo que, a juicio de la empresa, conduce al ITC a un déficit que a final de 2016 alcanzará los 4,5 millones de euros.

En declaraciones a los medios en Las Palmas de Gran Canaria, Ortega garantizó que las actividades de investigación y desarrollo que realiza el instituto "no se abandonarán". En este sentido, avanzó que "hay áreas del ITC que son rentables" y que "tendrán su destino de cualquiera de las formas", aunque con una "reorganización" que permita "ser eficientes con los recursos". En la misma línea se manifestó ayer el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, quien aseguró durante una visita a la Universidad de La Laguna que el presupuesto para I+D+i no se reducirá, informa Efe.

Antonio Ortegón, portavoz del comité de huelga del ITC, se mostró sorprendido por que la sociedad pública haya decidido iniciar los trámites de disolución "en medio de un proceso negociador". Así, precisó que hay fijada una reunión en el Tribunal Laboral Canario para el 22 de julio. Pese a su escepticismo sobre las posibilidades de reconducir la situación -la desaparición de la entidad debe ser aprobada por el Gobierno, cuyo consejero de Economía, como presidente del Consejo de Administración, la ha propuesto-, los representantes del personal han solicitado una nueva reunión con el gerente.

Ortegón achacó a los recortes del Ejecutivo la situación del instituto y recordó que pese al anterior acuerdo "se han perdido plantilla y recursos". "Estamos dispuestos a poner dinero de nuestros salarios, pero con garantías de viabilidad", algo que, a su juicio, no ofrece el plan de reestructuración planteado por la dirección.

De 220 a 148 puestos de trabajo

La plantilla del Instituto Tecnológico de Canarias está formada en la actualidad por 148 trabajadores -en rigor, por 151, aunque tres se encuentran en periodo de excedencia-, pero llegó a alcanzar los 220, recordó ayer Antonio Ortegón, portavoz del comité de huelga.

El conflicto que ha llevado al centro público de investigación hasta las puertas del cierre comenzó a fraguarse en los primeros compases de la crisis económica, cuando empezó a menguar la financiación proveniente del Gobierno regional. En la pasada legislatura se llegó a plantear un expediente de regulación de empleo (ERE) que finalmente no se llevó a cabo gracias a la decisión de la plantilla de asumir una bajada salarial de alrededor de un 14% durante los años 2014 y 2015.

Este acuerdo ya ha finalizado, por lo que los empleados del instituto han recuperado sus retribuciones íntegras. Sin embargo, el Ejecutivo autonómico entiende que esta mejora de los sueldos repercute en un aumento del déficit que convierte a la sociedad en "inviable".

Los sindicatos consideran, en cambio, que detrás de los sucesivos recortes que ha experimentado el ITC -refieren el cierre de las sedes de El Hierro y La Palma y del estudio de supercomputación- se esconde una "estrategia" destinada a "desmantelar" el centro. "El Gobierno de Canarias se ha quitado la careta", sostiene Ortegón.

Durante los dos ejercicios en que los trabajadores han mantenido reducidos sus salarios, añade el portavoz de la plantilla, el Ejecutivo "no ha cumplido con su cometido": reestructurar la empresa y hacerla viable. Convencidos de que el plan propuesto por la Administración no garantiza esta viabilidad, los empleados del instituto han anunciado la elaboración de su propio plan.