El consejero de Economía del Gobierno regional, Pedro Ortega, aseguró el pasado martes que el proceso de disolución del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) planteado por su Consejo de Administración -que él mismo preside- no es "un órdago". Sin embargo, el anuncio ha tenido el efecto de poner a los trabajadores entre la espada y la pared, hasta tal punto que el próximo lunes votarán por una propuesta que hasta hace poco rechazaban y que ahora se vislumbra como la única posibilidad de salvar el centro.

Los representantes de la plantilla han mantenido en los últimos días varios encuentros con el gerente del ITC, Gabriel Megías, y este se ha comprometido a "detener" el expediente de disolución hasta el lunes, cuando el personal votará una propuesta idéntica a la última presentada por la empresa -explicó ayer Antonio Ortegón, portavoz del comité de huelga- que, de ser aceptada, volvería a bajar los sueldos de los empleados.

Esta oferta consiste en una reducción del 13,3% en los salarios mensuales desde el momento de la firma del acuerdo hasta febrero del próximo año. Además, los trabajadores soportarían un recorte del 4% adicional en 2016 y 2017, correspondiente al devengo de pagas extraordinarias, lo que supondría cobrar un 17,3% menos durante los próximos seis meses. La bajada se establece en relación a los sueldos iniciales, que el personal había recuperado desde comienzos de este año al vencer el anterior acuerdo con la dirección, que a su vez había implicado una disminución de las retribuciones cercana al 14% durante los dos últimos ejercicios.

El escenario en el que se celebrará la votación del lunes es de "chantaje", a juicio de Antonio Ortegón. "La propuesta que hemos llevado hoy (por ayer) a la asamblea se aleja mucho de nuestras pretensiones", reconoció. El portavoz del comité de huelga se mostró muy crítico con el Gobierno autonómico, al que acusó una vez más de tratar de "desmantelar" el ITC, un proceso que, a su entender, se inició durante la primera legislatura de Paulino Rivero como presidente del Ejecutivo.

En el caso de que los trabajadores rechacen la propuesta planteada por el Consejo de Administración, el acuerdo será trasladado al Tribunal Laboral Canario, en el que se está dirimiendo el conflicto entre la empresa pública y la plantilla y que el 22 de julio tiene previsto acoger una nueva reunión entre ambas partes.