El proyecto de Ley del Suelo de Canarias nace con la intención de suplir las deficiencias de la normativa actual en cuanto a ordenación del territorio. La propuesta del Gobierno autonómico ha suscitado discrepancias entre sus defensores y los que cuestionan su eficacia y las consecuencias que tendrá a largo plazo. Con su aprobación, la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) perdería dos de sus principales competencias, que quedarían delegadas a ayuntamientos y cabildos.
La Ley 1/2000 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias aglutinó por primera vez todos los aspectos medioambientales, urbanísticos y económicos. A raíz de esta, han surgido tres modificaciones que han querido suplir las deficiencias en materia territorial. En concreto, la primera modificación se realiza en el año 2003, con la Ley de Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias, que tiene como objetivo la "reducción y limitación del consumo de los recursos territoriales y el uso eficiente del patrimonio inmobiliario y cultural". Posteriormente, en 2009, se crea la Ley de Medidas Urgentes y Ordenación de Recursos Naturales, que persigue objetivos similares a las anteriores, aunque presenta ciertas discrepancias.
Debido al solapamiento de estas normativas, se intenta reducir la legislación, por lo que emerge la Ley 14/14 de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales. Muchos expertos consideran que no consiguió sus fines, sino que dificultó la aplicación legislativa. Como solución, el Gobierno de Canarias presentó el anteproyecto, ya proyecto, de Ley del Suelo.
Según recoge el preámbulo del nuevo texto legislativo, la norma pretende "simplificar, racionalizar y actualizar el marco normativo", lo que significa una reducción de los trámites burocráticos, apostando por una mayor transparencia de las administraciones. Otra intención es establecer los ámbitos competenciales de cada organismo público para evitar incoherencias y renovar la ley para adecuarla a las necesidades territoriales del Archipiélago.
Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, señala que esta ley surge en un "momento de parálisis administrativa e inseguridad jurídica". Afirma que da respuesta y dota de posibilidades a los pequeños agricultores, además de desbloquear proyectos esenciales como la reposición de viviendas de Las Chumberas (Tenerife) o las de Gando (Gran Canaria).
Además, comenta que pone plazos a todos los trámites administrativos relacionados con la ordenación del territorio y, en caso de que no se cumplieran, el ciudadano tendría mecanismos para reclamar. En cuanto a la actual legislación, opina que "cuantas más complejas son las cosas, más se judicializan los procesos. Esta ley pretende permitir el uso seguro del suelo, claro y transparente". El presidente autonómico no cuestiona la labor que ha desempeñado la Cotmac en los últimos años, pero admite que "no es garantía de legalidad de nada", pues de los veintiséis planes generales aprobados por este organismo, siete han sido anulados por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, como argumenta el arquitecto urbanista Javier Domínguez Anadón.
La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) es un organismo adscrito a la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno regional. Se encarga de debatir, consultar y decidir, basándose en los informes que elabora, la gestión del territorio y el medio ambiente de las Islas. Está compuesta por dos ponencias técnicas, una por cada provincia, dedicadas a elaborar y deliberar los informes técnicos de la Consejería sobre los planeamientos de ordenación. La conclusión de estas reuniones se lleva al Pleno, constituido por técnicos de la Consejería y colectivos y profesionales externos, como el Colegio de Arquitectos, asociaciones ecologistas, Federación Canaria de Municipios (Fecam) o Federación de Cabildos Insulares (Fecai).
"Lo que se pretende con los debates en la Comisión es que sobre la mesa se expongan todos los puntos de vista para poder llegar a una conclusión lo más correcta posible", explica Nieves Lady Barreto, consejera de Política Territorial y presidenta de la Cotmac.
Tras la "ineficacia y la lentitud" de los procedimientos de esta Comisión, el proyecto suprime dos de sus principales competencias: la elaboración del informe de legalidad y la aprobación definitiva de los planes. Ahora el Gobierno de Canarias será quien emita un único informe a la Cotmac y "se le dará un papel más de asesoramiento que definitorio", manifiesta Clavijo.
Según la opinión de Miguel Ángel Pérez, consejero de Política Territorial del Cabildo de Tenerife y vocal de la Cotmac, "la Comisión hay que cambiarla, pero habrá que mantenerla, ya que debe ser el órgano de la Comunidad Autónoma que vele por la misma interpretación de la Ley en todas las Islas, algo que solo se consigue con órganos regionales. La Cotmac debería seguir existiendo con las funciones que estimen oportunas, pero que tenga los suficientes recursos económicos y de personal, algo que no ocurre actualmente".
Faustino García Márquez, arquitecto urbanista y exmiembro de la Cotmac, señala que le resulta "absurdo" que sea el propio Gobierno quien quiera delegar parte de sus competencias a los ayuntamientos y cabildos. "Las consejerías de Política Territorial y Medio Ambiente han disminuido en personal en los últimos años. Las plazas que quedan libres no se cubren, pero en vez de reemplazarlas y dotar a la Comisión de recursos, le quieren arrebatar las competencias y transferirlas a administraciones públicas que son minoritarias y tienen menos medios", expone García.
Para el abogado Javier Díaz Reixa, "este organismo es la expresión de la cohesión, la unidad de criterios, la defensa del interés público regional y la legalidad urbanística". Además, matiza que "si se dan tiempos difíciles en su gestión, deberíamos otorgarle los medios y mecanismos que necesita, no suprimirla". Ve positivo trasladar ciertas competencias a los ayuntamientos, pero no tantas ni tan importantes como pretende la ley. "Debe prevalecer el interés regional frente al insular y local".
El proyecto ha suscitado numerosas opiniones contrapuestas. Diversas personalidades coinciden en que es necesario acometer una reforma de la normativa vigente; sin embargo no todos están de acuerdo con la totalidad del articulado. Este texto legislativo pretende traspasar competencias de la Cotmac a los cabildos y ayuntamientos. El presidente de la Comisión de Obras Públicas, Política Territorial y Medio Ambiente de la Fecam, Pedro Martín, declara que "tenemos tanta legislación operando sobre el territorio que es muy fácil parar un planeamiento. Por ello queremos que se definan las tareas de cada administración. No podemos estar seis años esperando por la aprobación de un plan parcial o doce para un plan general. Los ayuntamientos no podemos darles plazos a los ciudadanos, cualquier simple licencia que llevamos al Cabildo puede tardar años en tramitarse. Esta Ley no permite nueva calificación del suelo, solo pretendemos usar el que está calificado para ello de manera razonable".
El consejero insular de Política Territorial valora que con la nueva ley el ciudadano no tenga que consultar las distintas administraciones, sino que se centra todo en la más cercana, el ayuntamiento. "Algo bastante bonito, pero poco factible en 88 ayuntamientos, donde muy pocos van a ser capaces de asumir tal responsabilidad. El papel lo aguanta todo". Para el arquitecto urbanista Javier Domínguez Anadón, este anteproyecto marca un antes y un después, ya que deroga todas las leyes anteriores. "Simplifica, racionaliza y actualiza, los tres principios en los que se inspira el anteproyecto".
Otra visión la aporta el abogado Javier Díaz Reixa, quien afirma que "el marco legislativo actual no funciona y hay que cambiarlo. Pero esta no es una ley que esté promovida por el interés general, sino más bien por razones económicas. El anteproyecto dinamita por completo la estructura de intereses (regionales, insulares y locales); ahora todo se supedita al ámbito local".
El decano del Colegio de Arquitectos de Canarias, Joaquín Mañoso, asegura que el Colegio no tiene una postura definida con respecto al anteproyecto. No hay una opinión única, sino muchas. Aunque él considera que "la ley es solo un instrumento legal, al que se le atribuye una importancia que no debe, puesto que también existen otros mecanismos técnicos, sociales y económicos para la ordenación de los usos del territorio''''.
Víctor Martín, geógrafo y profesor titular en la Universidad de La Laguna, manifiesta que con esta nueva normativa que se pretende aprobar "se hace más permisivo el proceso de urbanización para atraer el capital. Se plantea otra vuelta de tuerca liberalizadora con respecto a la ley actual, es un intento más de que haya el menor peso legislativo posible para el desarrollo de las actividades económicas''''.
La aplicación de la normativa existente hasta ahora, en sus diferentes modificaciones para salvaguardar o beneficiar al sector primario, no ha sido lo suficientemente ágil ni efectiva, según Narvay Quintero, consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias. Considera que tanto la Ley de Medidas Urgentes como la de Armonización intentan paliar problemas en el sector primario, pero no lo consiguen. "Como muestra, desgraciadamente en los últimos tres o cuatro años solo se ha legalizado una explotación ganadera''''. Por ello confía en que el nuevo texto será positivo para el sector primario y que revertirá la actual situación que denuncian.
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG-Canarias, ha planteado y presentado alegaciones relacionadas con el sector. El secretario técnico de esta agrupación, Manolo Redondo, afirma que "para nosotros este anteproyecto tiene unas cuestiones positivas, y otras que nos generan temor". Los aspectos positivos tienen que ver con facilitar los trámites para realizar actuaciones que son propias de la actividad agraria. Por ejemplo, un agricultor que necesite montar un estanque, en ocasiones tarda un año y medio en conseguir los permisos de las distintas administraciones. "Eso no cabe como desarrollo de una actividad económica", argumenta Redondo.
Uno de los colectivos más críticos es Ben Magec Ecologistas en Acción, que además de rechazar en su totalidad el texto propuesto, participó en una campaña de boicot contra este. Tachan de neoliberal el proyecto y califican de "suelo sin ley" las medidas propuestas por el Ejecutivo canario.
Un "fracaso territorial"
Javier Domínguez Anadón, arquitecto urbanista y Premio Nacional de Investigación Urbanística, estima que Canarias tiene un problema de gestión de su territorio. Esto no solo se debe a la "maraña legislativa", sino que existe una "administración que no trabaja de forma eficiente", ya que no está dotada de los suficientes recursos. Además sostiene que el sistema legislativo, el presupuesto y el sistema de Gobierno no son los adecuados, lo que califica como un "fracaso territorial". El experto critica que de los 88 municipios canarios, solo 26 tienen aprobado su Plan General de Ordenación por la Cotmac. De ellos 7 han sido a su vez suspendidos por el Tribunal Supremo, como es el caso de Arona, Haría o Gáldar. Este dato, más todos aquellos municipios que aún siguen en trámites de aprobación y, los que aún no han iniciado el proceso, suman un 76% del "fracaso territorial" en el Archipiélago.
De la Comisión a la vía judicial
La gráfica permite apreciar cómo la recesión económica provocó un aumento de los casos derivados a la vía judicial respecto a los solucionados por la Cotmac./ javier domínguez anadón
COALICIÓN CANARIA. El partido que preside el Gobierno de Canarias es el principal impulsor de esta ley, de la que dicen que garantizará la transparencia de las administraciones y agilizará los trámites en materia territorial. Defiende que cada administración debe ser consciente de sus actos. Además de producirse malas prácticas, se remitirían a los organismos judiciales correspondientes.
PSOE. El socio de Gobierno no ha participado en la redacción de la Ley. La apoya, pero presentó alegaciones, como mantener las competencias de la Cotmac y dotarla de más personal. Comentan que "hay muchos intereses empresariales detrás, que planteada como está la Comisión de Ordenación a día de hoy no serían posibles".
PARTIDO POPULAR. Está a favor de la ley porque recoge en esencia lo que siempre ha defendido con respecto a la gestión y utilización del suelo en el Archipiélago, pero sugiere que existan mayores garantías que regulen los planes de interés insular y regional. Otra de las matizaciones que proponen es la eliminación de las Directrices de Ordenación del Turismo. Sobre la Cotmac tienen una visión negativa de su labor porque argumentan que se ha convertido en un freno para las inversiones.
PODEMOS. Para este grupo, la ley es nefasta, no supone ningún avance y choca con las políticas europeas y económicas del Gobierno de Canarias. Además, creen que fomentará el caciquismo al otorgarle mayor poder a las administraciones locales. Sobre la Cotmac, piensan que no ha funcionado como debiera porque no ha contado con los recursos humanos ni con el interés del Gobierno.
NUEVA CANARIAS. Esta formación muestra su oposición ante el nuevo proyecto legislativo, pues considera que no vela por la sostenibilidad, sino por la desregulación del territorio. Entienden que la gestión del territorio debe ser una competencia exclusiva del Gobierno autonómico y que delegar las competencias a los ayuntamientos es un error, porque se pierde la visión del Archipiélago como conjunto. Por ello, les parece grave la desaparición de la Cotmac.
AGRUPACIÓN SOCIALISTA GOMERA. Defienden que simplifica el cuerpo normativo, define las competencias de las administraciones públicas, responde con celeridad a los ciudadanos y ha contado con participación ciudadana para su redacción. Creen que la nueva ley supone una ventaja para todas las Islas, pero en especial para las no capitalinas. Y que esta le da a la Cotmac las competencias pertinentes.