Aarón Afonso ha sido cocinero antes que fraile: funcionario de carrera, ejerció primero como director general de Función Pública y ahora, al frente de la Consejería de Presidencia, lleva algo más de un año como principal responsable de la estructura administrativa de la Comunidad Autónoma. Pese a la experiencia previa -y a que ve su trayectoria profesional como una ventaja para conocer los "resortes internos" de la Administración-, reconoce que estos primeros doce meses en el cargo han sido "de aprendizaje en el terreno político". Recibe a EL DÍA veinticuatro horas después de su estreno como autoridad en los actos del día grande de su pueblo, el Puerto de la Cruz.

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la Administración autonómica?

Una de las fortalezas es el perfil profesional de los empleados públicos. Tenemos excelentes profesionales que trabajan con vocación de servicio público. Las debilidades están vinculadas a las restricciones presupuestarias de los últimos años, que han provocado una pérdida de empleo. El envejecimiento y la pirámide de edad son una amenaza clara, que tiene que ir ligada a una planificación adecuada para poder no solo recuperar el empleo perdido, sino planificar las salidas con la incorporación de funcionarios.

¿Faltan recursos en la propia Dirección General de Función Pública para planificar esos procedimientos que permitan renovar la plantilla?

Sí. Mi departamento es horizontal y tiene que prestar apoyo a todas las áreas del Gobierno, por lo que este problema es especialmente preocupante. En algunas materias se producen cuellos de botella como consecuencia de la falta de medios. Pero estamos tratando de reconducir la situación, apostando por las ofertas de empleo público y también por cubrir los puestos prioritarios con interinos, una medida coyuntural, pero los ciudadanos no entienden de problemas internos en la Administración, sino de la calidad del servicio que se les presta.

¿Los ajustes y restricciones de los últimos años han repercutido en la calidad del servicio que se presta a los ciudadanos?

En la anterior legislatura se hizo un esfuerzo muy importante para mantener los servicios públicos esenciales. Pero tenemos que reconocer que la pérdida de empleo y, sobre todo, los problemas de financiación, que nos ocasionan un lastre de 750 millones de euros menos y obligan a contar con recursos propios, han afectado, sin perjuicio del esfuerzo que se ha realizado y del que hacemos ahora. Por eso, el Gobierno intenta poner los pilares necesarios para asentar el empleo y, en la medida de nuestras posibilidades presupuestarias y de las limitaciones que impone el Estado, ir creciendo. Sobre el empleo público sigue operando la tasa de reposición del 100%. Esto significa solo podemos mantener el empleo del ejercicio anterior, pero tiene que haber medidas adicionales para intentar incrementarlo en las áreas donde es necesario.

¿Falta en la Administración general una cultura de listas de empleo, como sí la hay, por ejemplo, en educación?

En la Administración general las listas de empleo público solo han proliferado a partir de 2006. Tenemos una cultura de apenas una década, a diferencia de lo que ocurre en educación, sanidad y justicia, donde el funcionamiento es más ágil porque hay que priorizar la atención directa a la ciudadanía. Eso está sometido a análisis, para ver si podemos ser más ágiles en esas incorporaciones. Otro elemento clave es que esos ámbitos cuentan con una bolsa destinada a esas sustituciones, pero en la Administración general la técnica presupuestaria no ha arbitrado la existencia de una bolsa genérica y los nombramientos no están centralizados.

¿Están motivados los empleados públicos pese a estos años de ajustes y sobrecarga de trabajo?

Me consta que ha habido una parte de desmotivación derivada de las reducciones retributivas que se impusieron en 2010 y de los recortes de derechos. Pero poco a poco se está recuperando la senda del empleo y de esos derechos, con recuperación de días adicionales de vacaciones, asuntos particulares y la paga extra de 2012. Hemos establecido con los sindicatos la necesidad de fijar una hoja de ruta realista, que contemple el restablecimiento de una serie de derechos, pero ligada al rendimiento de los empleados en sus puestos. Corresponde a los responsables políticos y de los centros directivos fijar unos objetivos claros, que sean motivadores, para poder trabajar en equipo y sacar adelante los proyectos.

¿Cómo pueden establecerse esos incentivos?

Son medidas que tienen que implantarse a medio y largo plazo dentro del decreto que establece el proceso de modernización de la Administración. Cualquier administración moderna tiene que trabajar en función de unos objetivos claros y alcanzables y que el rendimiento y las retribuciones, o al menos parte de ellos, estén sujetos a su consecución. En este primer momento estamos pidiendo a los empleados públicos, que están respondiendo, la profesionalidad en la labor que desempeñan día a día, porque al fin y al cabo perciben unas retribuciones asociadas a las funciones que ejercen. Los alicientes están, en muchos casos, sujetos a restricciones económicas, pero cuando el proyecto profesional es atractivo, buena parte de los empleados se implica más que nadie.

¿Cuál es el nivel de bajas laborales entre los empleados públicos?

Los datos indican que no van más allá de las que se pueden producir en cualquier organización.

¿Está demasiado politizada la administración pública? ¿Tiene sentido que los directores generales sean cargos políticos?

Según la regulación de la Administración autonómica, salvo en ciertos puestos en los que está establecido que deben tener la condición de funcionario, la gran mayoría de los directores generales no tiene por qué serlo. El modelo del Estado apuesta por que esos perfiles tengan que ser funcionarios de carrera. En Canarias el modelo debería configurar de forma clara la figura del personal directivo, que es una puerta que abre el Estatuto Básico del Empleado Público, acompañado de los cargos políticos.

¿Cuándo prevén que llegue al Parlamento la Ley de Crédito Extraordinario con la que se abonará el 50% restante de la paga extra de 2012?

Es probable que sea tomada en consideración y aprobada en el mes de septiembre. A lo largo del mes de julio se aprobará el proyecto de ley para remitirlo al Parlamento.

Su anuncio fue criticado por electoralista.

Todo el mundo es libre de interpretar la medida por la fecha en que se anunció. Yo creo que más electoralista fue la medida que tomó en mayo el Gobierno central, que con una mano anunció la devolución del 50% de la paga extra y con la otra un recorte de 2.000 millones de euros como consecuencia de haber incumplido el objetivo de déficit.

¿En qué plazo dará frutos la estrategia de simplificación administrativa y en qué lo notará el ciudadano?

La estrategia tiene que propiciar que de aquí al final de este año cada departamento tenga un plan de simplificación que debe revisar todos los procedimientos dirigidos a las empresas y la ciudadanía, más de 700. Tenemos un objetivo muy claro: que los procedimientos se puedan tramitar electrónicamente. Para ello hemos establecido una hoja de ruta más realista que a la que inicialmente obliga la Ley, que contempla una telematización total para octubre de 2016.

¿Alguna comunidad autónoma está en disposición de cumplir ese plazo?

Ninguna. La propia ley establece que hasta 2018 no entrará en vigor la necesidad de contar con archivo electrónico, y este es clave para tener todos los procedimientos telematizados. El objetivo que hemos fijado es que a 31 de diciembre de 2016 todos los procedimientos se puedan iniciar en tramitación electrónica. A finales de 2017 esperamos tener al menos el 50% de los procedimientos tramitándose de forma íntegramente electrónica, y en 2018 ya tener el 100% telematizado. Son objetivos alcanzables y realistas. Esto facilitará mucho la relación entre la ciudadanía y la Administración. Una de las claves de la Ley es que algunos procedimientos puedan tramitarse de forma simplificada: acortar plazos, reducir la documentación exigida, que la ciudadanía no tenga que volver a aportar aquella información que ya ha facilitado a otra administración pública...

Canarias puede presumir de tener una de las leyes de transparencia más ambiciosas, pero las quejas sobre los problemas para aplicarla no difieren mucho de los que se producen en otros territorios. El comisionado de Transparencia ha sugerido la necesidad de hacer cambios para facilitar aspectos como las sanciones.

No lo comparto. La ley contempla claramente un régimen sancionador para quien la incumpla. Pero es cierto que no nos hemos dotado aún de la estructura necesaria para hacer plenamente efectiva su aplicación. El proceso de transparencia no acaba nunca. Hay que propiciar un cambio de cultura en el funcionamiento interno de la Administración, y esos pasos se han venido dando. En este primer año hemos efectuado buena parte de los desarrollos normativos que exigía la ley. Estamos satisfechos, pero aún hay trabajo que hacer y camino que recorrer.

Los ciudadanos no parecen haberse animado demasiado por el momento.

Es verdad que el acceso que tenemos en este momento va más ligado a tareas periodísticas o de investigación y menos a consultas ciudadanas. Pero buena parte de las consultas van ligadas a asuntos que tienen que ver con el día a día de la ciudadanía: listas de espera en sanidad, ofertas del Servicio Canario de Empleo, vivienda... Son datos en los que poco a poco crece el número de consultas frente a las que inicialmente se han efectuado, que están más relacionadas con la organización interna de la Administración: número de cargos, puestos de confianza, retribuciones, patrimonio... Es cierto que falta un esfuerzo adicional por parte de la Administración y que la ciudadanía reciba el mensaje y sepa que dispone de una herramienta importante para ver dónde se ha invertido cada uno de los euros que aportan con sus impuestos.

Alguna vez se ha mostrado partidario de la limitación de mandatos. ¿El estatuto de los altos cargos no era una buena oportunidad para introducir esa medida?

Sí. Puede serlo, aunque tiene que ser en el ámbito parlamentario donde se produzca el debate. Debe determinarse si es una limitación genérica para los cargos públicos o, lo que parece más razonable, una limitación a determinados puestos de responsabilidad.

¿Desde su consejería se puede impulsar alguna iniciativa en ese sentido?

Se puede establecer, pero piense que se circunscribiría solo a la organización interna de la Administración. Es una medida que debe implantarse desde el Estado para que afecte de forma homogénea a todos los ámbitos territoriales.

Su departamento anunció que el estudio para la descentralización administrativa hacia cabildos y ayuntamientos estaría concluido en mayo. ¿A qué responde el retraso?

La causa es el trabajo que se venía realizando en los departamentos para analizar dónde podían estar produciéndose duplicidades competenciales. El Gobierno acordó ampliar el plazo, que ahora vence a finales de agosto. Una vez tengamos la información, la Consejería tiene que elevar una propuesta conjunta al Consejo de Gobierno. Luego empezaremos a trabajar con la Fecam y la Fecai. La fecha límite para la entrada en el Parlamento es junio de 2017. En algunos casos, se puede ganar en eficiencia cuanto más cercano esté el servicio a la ciudadanía. En aquellos casos en que entendamos que el servicio se presta de forma más adecuada en el ámbito autonómico, permanecerá en él.

¿Están en condiciones los ayuntamientos de prestar nuevos servicios?

Los ayuntamientos y los cabildos tienen desde hace unos años un documento en el que detectan esas duplicidades. Ahora, con esa labor del Gobierno, podrán contraponerse los dos informes y buscar un acuerdo.

¿La Ley del Suelo encaja en esa idea de simplificación administrativa que usted defiende?

La Ley del Suelo se ha impulsado porque se entiende que hay una maraña legislativa en materia de ordenación del territorio que es obligado simplificar en un único texto. Desde el Gobierno se ha apostado porque la descentralización hacia ayuntamientos y cabildos es la mejor forma de gestionar esta materia.

¿Le satisface el texto?

Es el proyecto que estamos impulsando dentro del Gobierno. Como Gobierno, es el documento que hemos tramitado y que está en este momento pendiente del dictamen del Consejo Consultivo. Esperaremos a este dictamen para efectuar las adaptaciones que correspondan.

Las reformas judiciales no son "a coste cero"

Si la falta de recursos es un problema en el conjunto de la Administración, lo es aún más en la de Justicia, afectada no solo por la escasez de medios humanos sino también por la insuficiencia de medios materiales y tecnológicos. Aarón Afonso apunta a "las medidas tomadas de forma unilateral por el Estado" para explicar las dificultades en este terreno. Las modificaciones introducidas por el Ministerio se han vendido como de "coste cero" cuando, a juicio del consejero canario, no lo son. Más allá de lamentarse por esta situación, Afonso detalla cómo se le ha hecho frente. "Ha habido una implicación muy importante del personal de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia. Se ha trabajado con una hoja de ruta muy clara y se están solventando problemas que se hubieran resuelto con más recursos". Uno de los retos que ha tenido que encararse es la aplicación del sistema de gestión procesal Lexnet, prevista en principio para el 1 de enero de este año. Canarias, como otras comunidades, advirtió de la imposibilidad de este plazo, y al mismo tiempo ha trabajado en la integración del Lexnet con el sistema que se usa en las Islas, el Atlante II. "Eso lo hemos conseguido. Desde mayo tenemos integrado en todos los partidos judiciales la jurisdicción civil con Lexnet, en julio tendremos integradas las jurisdicciones civil y contenciosa y esperamos que desde principios de 2017 tengamos la penal", afirma. También se ha incorporado, poco a poco, la firma electrónica. El objetivo: que el "verdadero" expediente judicial electrónico esté listo el próximo año.

"Lucha" por los 2 millones del turno de oficio

El Gobierno canario y el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife mantienen "dos visiones" sobre los dos millones de euros que, a juicio de los letrados, adeuda el Ejecutivo a los trabajadores del turno de oficio. Afonso entiende que tal deuda no existe, puesto que las órdenes que otorgaban los pagos conforme a lo certificado por el colegio profesional no fueron recurridas. Sí lo fue el decreto de 2012 que prolongaba la rebaja de las tarifas, pero el TSJC ha desestimado la demanda de los abogados, que han acudido al Supremo.