El Gobierno canario no tendrá que indemnizar al grupo Anfi por los perjuicios que esta empresa decía haber sufrido como consecuencia de las moratorias turísticas de 2001 y 2003, a las que culpaba de no haber podido desarrollar por completo sus planes para Tauro (Gran Canaria).
En esos dos años, el Gobierno de Canarias, primero, y el Parlamento autonómico, después, decidieron suspender la aprobación de planes parciales y la concesión de licencias, con el propósito de replantearse el crecimiento que estaba experimentando el sector turístico en las islas y su impacto sobre el medio ambiente.
Anfi Tauro sostenía que, por la llamada moratoria turística, no pudieron culminar sus planes.