La Consejería de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda recaudó el año pasado 2,4 millones de euros en concepto de alquileres sociales, es decir, por las mensualidades que abonan los usuarios del parque público de viviendas. En la actualidad, 27.000 familias viven en casas construidas por la Comunidad Autónoma.

El director del Instituto Canario de Vivienda (Icavi), José Gregorio Pérez, explica que alrededor de 22.000 pisos son de la entidad que dirige y algo más de 5.000 son de la empresa pública Visocan. Algunas están en régimen de propiedad y otras en alquiler.

"La recaudación de los alquileres sociales es solo una pequeña parte del importe total que ha de emplear el Ejecutivo en el mantenimiento del parque de viviendas públicas", puntualiza el responsable. Según sus cálculos, la Consejería invierte 18 millones cada año para garantizar el mantenimiento de estas infraestructuras.

La mensualidad que cada familia destina a sufragar su vivienda varía en función de la renta. Las personas que cuentan con una vivienda de estas características tienen que dedicar el 12% de sus recursos a afrontar este gasto. A esa cantidad, además, hay que sumarle la que se desprende de los impagos. Es decir, personas que no han satisfecho todas sus cuotas, y que hacen que la recaudación anual no sea tan alta como debiera.

Las islas capitalinas aglutinan la mayor parte de la demanda de viviendas, de ahí que estén a la cabeza también cuando se habla de recaudación. Tenerife (829.716 euros) y Gran Canaria (1,2 millones) son las que más aportan.

La intención de este equipo de gobierno es tender hacia un modelo basado en el alquiler y no en la propiedad. La Consejería, por la crisis, apenas ha construido viviendas en los últimos tiempos, pero ha intentado adquirir algunas de las que son propiedad del banco malo. La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), no obstante, solo ha cedido por el momento 50 viviendas. Estas casas se están utilizando para atender "casos de emergencia" social, lo que las convierte en hogares de tránsito para quienes sufren, por ejemplo, un desahucio. El Instituto sostiene que no ha dejado de negociar para lograr la cesión de más viviendas, pero las zonas donde hay más demanda -área metropolitana- coinciden con los municipios donde son más rentables para el Sareb, lo que dificulta esa negociación.