El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información ha registrado en el primer semestre un total de 41 reclamaciones referidas al Gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos, el doble de las que se presentaron en el último semestre de 2015 (19), lo que significa que este año podría terminar con más de un centenar de reclamaciones.

Así lo ha dado a conocer el comisionado de Transparencia y Acceso a la Información, Daniel Cerdán, que este miércoles ha comparecido en el Parlamento de Canarias para presentar el informe correspondiente al año 2015, el primero que se presenta en un parlamento en España.

En su intervención, Cerdán indicó que este incremento de las reclamaciones reflejan "un mayor conocimiento y una mayor agilidad" de este servicio público que crea la Ley de Transparencia, cuyo portal web, indicó el comisionado, ha tenido más de 10.000 visitas hasta la fecha. Además, comentó que el 40% navega por páginas públicas y el 20% interactúa pidiendo información.

En cuanto a la escasez de solicitudes de información expresadas a las instituciones canarias, el comisionado se mostró convencido de que no se registran más porque no se hacen y en gran medida porque no se cuentan, es decir, porque cuando llega un escrito a la administración en cuestión, hasta ahora nadie estaba comunicando a un servicio central que estaba llegando una solicitud de información acogida a la Ley de Transparencia.

Por otro lado, Daniel Cerdán reconoció que no pide una reforma inmediata de la Ley, tal y como planteó en comisión parlamentaria, pero sí quiso dejar claro que hay ajustes que se deben hacer. Al mismo tiempo, instó al Parlamento a alentar esta norma con su impulso presupuestario y pedagógico.

La diputada Melodie Mendoza, del Grupo Mixto, puso en valor el contenido de un informe que, dijo, se debe ir "puliendo" a medida que se vaya implantando la transparencia en Canarias. Para contribuir a este proceso, opinó que hacen falta más recursos humanos y que el Comisionado cuente con una sede propia, toda vez que son 389 los sujetos públicos obligados a someterse a la transparencia, además de los sujetos privados.

Esther González, de NC, afirmó que la transparencia no va a ser real hasta que los ciudadanos no puedan tener acceso a la información de forma clara, algo que, en su opinión, no ocurre porque en la población no existe la cultura de la transparencia, ni tampoco en las administraciones, que "no están concienciados de que la información es pública". Por ello, abogó por una política de divulgación para que la ciudadanía sepa cómo poder ejercer su derecho a la información y para que los niños no crezcan con la idea de que no se puede preguntar.

Por parte de Podemos, Concepción Monzón reconoció que --tal y como se desprende del informe-- el acceso a la información es para "solo unos pocos", algo que achacó no sólo a la escasez de medios del Comisionado, sino también a la falta de transparencia por parte de las administraciones públicas y las empresas, una tradición que, dijo, "hay que erradicar". Añadió que el acceso a la transparencia debe ser "clara y sencilla" para cualquier ciudadano y debe permitir que el derecho a la información sea "efectivo". También compartió la falta de recursos en la institución, pero quiso dejar claro que es algo generalizado en toda la Administración.

El diputado popular Emilio Moreno subrayó que la conclusión principal del informe es el incumplimiento "más que flagrante" por parte de algunas de las Consejerías del Gobierno de Canarias, sobre todo aquellas dirigidas por el PSOE. En este sentido, consideró "desolador" que la Comunidad Autónoma haya remitido con fecha 30 de marzo de 2016, días después de finalizar el informe, un volumen "ingente" de información relativo a servicios sociales, dependencia e incapacidad. "La transparencia da salud e higiene al sistema democrático, pero exige voluntad y algunos no lo han entendido", recalcó.

Por otro lado, consideró equivocada la propuesta del comisionado de revisar la Ley de Transparencia. "A seis meses de su puesta en práctica, me parece correr mucho y poco prudente porque se traslada a la ciudadanía que los mecanismos recogidos en esta norma pueden ser inservibles", comentó Moreno, que no duda de que en el futuro haya que hacer un desarrollo reglamentario de la Ley, pero no hacer "tabla rasa" a lo que se ha aprobado en el Parlamento.

Desde las filas socialistas, el diputado Gustavo Matos significó que de 96 administraciones a las que se solicitó información para evaluar el grado de cumplimiento de la Ley de Transparencia sólo respondieran 37, entre las que se incluyen 3 cabildos y 56 ayuntamientos. También llamó la atención sobre los asuntos que consultan los ciudadanos en el portal web de Transparencia, la mayor parte relacionada con las retribuciones, currículum y personal de confianza de los altos cargos.

Del informe destacó igualmente que 3 de los 7 cabildos y 77 de los 88 ayuntamientos no tengan portal de transparencia, o que de las 219 solicitudes de información, el 79% estén referidas al Ayuntamiento de Arona. A su vez, mostró su preocupación por que se cree una brecha social en cuanto a la transparencia, pues el acceso a la información "no debe ser un derecho estrictamente para un grupo de ciudadanos".

Por último, Socorro Beato, del Grupo Nacionalista Canario, abogó por hacer un esfuerzo pedagógico para que la Ley de Transparencia pueda ser lo más efectiva posible y de máxima utilidad para los ciudadanos. También se mostró convencida de que las administraciones públicas están trabajando para ir implementando sus portales de transparencia, algo que, dijo, también es tarea de la sociedad civil, que puede contribuir al arraigo de este ley con la demanda de información.