"Día histórico". Así resumieron ayer diversos grupos, sobre todo los que sustentan al Gobierno (CC y PSOE), la aprobación por unanimidad del II Plan de Salud del Archipiélago (2016-17) desde que cuenta con las competencias (1994). Un apoyo total fruto de 3 legislaturas (y, por tanto, un retraso más que considerable), de más de un millar de participantes y de numerosas entidades, sindicatos y trabajadores, pero que ayer realzó la figura del consejero del ramo, el socialista Jesús Morera, por relanzar este instrumento clave. Eso sí, no sin que la oposición, sobre todo el PP, pusiera peros y la izquierda (Podemos y NC) condicionase su respaldo a que se cumplan los objetivos y a que, de 2018 a 2022, se apruebe un tercer plan que dé continuidad y desarrolle lo previsto.

La primera en valorar a Morera fue Melodie Mendoza (ASG), quien recordó que el consejero llegó a un área sin planificación, por lo que resaltó su "sinceridad y compromiso", si bien advirtió de que se cuenta con 400 millones menos "cuando hay más población, más envejecida, y más turistas".

Rodríguez (NC) lamentó el corto tiempo (7 minutos) para hablar "de la importancia del documento". aunque subrayó que "llega tarde y durará poco porque es algo impropio que sea para año y medio", remarcó que exista un compromiso para elaborar otro desde 2018 "para corregir la desidia de gobiernos previos". Como en otras tantas intervenciones, advirtió de las inquietudes sobre la sanidad por "la pérdida de confianza de la ciudadanía sobre el mejor servicio público logrado en España debido a los recortes, la austeridad y la privacidad, con aseguradoras que sí han ganado en la crisis". A su juicio, resulta clave afrontar la sanidad desde la trasversalidad y motivar a los profesionales y, si bien comparte lo previsto sobre cronicidad, desigualdades, diabetes, salud mental, enfermedades degenerativas y demás, lo vinculó todo a disponer de recursos.

Juan José Márquez (Podemos) confía en que el plan ayude a reorientar la política sanitaria, pero advirtió de que no dan un cheque en blanco y que se necesita otro de 4 años desde 2018. Criticó también el "austericidio" en Europa que ha deteriorado la salud y resaltó a todos los que contribuyeron a la elaboración del documento.

Díaz Guerra (PP) recordó que un plan así es obligatorio, criticó los retrasos y que las Islas sean la única región sin este documento y afirmó que el 80% se debe a la etapa de su compañera Roldós. A su vez, y en una afirmación rechazada por Elena Luis (CC), calificó la sanidad canaria actual de caótica y reconoció que la consejería "ha apretado mucho" en este año. Eso sí, avisó de que el "plan, aunque sea ambicioso, no nos sacará de la cola de la sanidad, con las peores listas de espera y demora". A su vez, pidió que se traiga ya el plan de urgencias, contra las listas de espera, uno de profesionales, para enfermedades mentales, infraestructuras, crónicos...".

Lavandera (PSOE) resaltó el logro, pero admitió que aún se debe hacer un esfuerzo mayor en gasto en sanidad para llegar al 6% de media del PIB (ahora se esta en el 5,5), mientras Elena Luis (CC) recalcó lo novedoso del plan, su gran participación que entre la perspectiva de género y se mejora la comparativa, aparte de creer clave una nueva financiación.

Cerró Morera subrayando el esfuerzo común, habló de momento histórico y presentó el plan como el mejor instrumento para garantizar una sanidad gratuita, universal y de calidad.

Dura reprimenda al PP por "plagiar" una ley sobre la familia

Aunque hubo 4 abstenciones, la sesión se cerró con un PP totalmente solo al defender una ley en apoyo de la familia que el informe del Gobierno rechazaba por afectar supuestamente al presupuesto actual. Alberto Rodríguez, su proponente, habló de falsedad y argumento peregrino pues planteaba cambios para futuras cuentas y achacó el rechazo al simple hecho de que su partido se adelantara al Gobierno con algo "crucial". Sin embargo, y aunque ASG alabó algunas cuestiones, pronto comenzó una retahíla de duras críticas a una propuesta que Campos (NC) contrastó con la gestión nacional del PP con reformas como la laboral, la ley educativa o dejando sin dinero la dependencia. A su juicio, el concepto de familia se diluye desde que alguien quiere patrimonializarlo, aparte de que el texto deja fuera a colectivos LGTB y obvia, por ejemplo, el apoyo psicológico a mujeres que aborten. Además, le afeó a Rodríguez que "el 90% de las propuestas ya existan o estén en proceso".

Mucho más duro fue Francisco Déniz (Podemos), quien censuró que la ley carezca de perfil social y parta de un concepto "estrecho y anticuado" de familia. Fue el primero que la calificó de "corta y pega" y la vinculó con la "matraquilla" que tuvo en su día con aquella España en la que Fraga solo hablaba de "la cesta de la compra y las amas de casa", con una visión anquilosada de la familia, la igualdad y la sociedad. Además, cuestionó la idea de "núcleo estable de pareja".

Más allá, sin embargo, llegó Cruz Oval (PSOE) al denunciar, con contundencia, que la ley copie "literalmente" los 56 artículos de una región tan diferente como Aragón por renta y características. Para Cruz, esto explica aún más el "hartazgo" social hacia la política. Taño (CC) no fue menos indulgente y, aparte de reiterar la crítica por la fotocopia, dijo que el texto parecía traído en una nave extraterrestre, subrayó que conciliar la vida laboral es más una cuestión personal e instó al PP a presentar esta norma en el Congreso junto a una ley educativa para 10 años y otra de igualdad.

Rechazo a una PNL del PP sobre los autónomos

Las reprimendas al PP no se limitaron a su concepto de familia. También con Rodríguez como defensor, el resto de grupos (salvo ASG) rechazó una PNL que pretendía que el Gobierno ampliase en otros 6 meses la tarifa plana de 50 euros para los autónomos que comienzan. Aunque el PP argumentó la necesidad de apoyar la innovación, le recordaron que no hay competencias regionales en Seguridad Social y los recortes en políticas de empleo, lo que hizo que, según el Gobierno, se eliminaran las ayudas regionales de 5.000 a 7.000 euros para los autónomos el pasado diciembre. Además, Podemos planteó que las ayudas dependan de los ingresos y que, por debajo del salario mínimo, no se pague cuota.

Primer informe del país sobre transparencia

Aunque aún sin datos profusos y sin que arraigue una cultura ciudadana sobre su derecho a acceder a la información pública, el Comisionado para la Transparencia, Daniel Cerdán, dio cuenta ayer de su primer informe sobre esta cuestión en Canarias (de 6 meses), algo que no había ocurrido en ningún parlamento nacional. Todos, empezando por el propio Cerdán, coincidieron en la necesidad de que las administraciones se impliquen más en esto y en que se difunda al máximo en pro de esa cultura.

Aviones, danza, Correos, Academia de la Lengua...

También se aprobó una PNL del PSC para paliar los ruidos en los aeropuertos, otra de Podemos en favor de Correos como servicio público al 100% y contra los recortes o privatización, una del PP para implantar los estudios de danza en las Islas y una de CC en apoyo de la Academia Canaria de la Lengua.