Más recursos humanos -y, por tanto, económicos- y un diagnóstico que permita elaborar una cartera de servicios que responda a las necesidades de la población. Psicólogos y trabajadores sociales se reunieron ayer en la comisión intercolegial para analizar en profundidad el borrador de la Ley de Servicios Sociales. A priori, y a falta de un estudio más pormenorizado, el ambicioso texto, coinciden, solo podrá materializarse con una ficha financiera potente y una "foto" de la realidad social de Canarias, algo que hoy no existe.

La elaboración de un diagnóstico "habría retrasado la ley dos o tres años", admite Miguel Ángel Díaz, coordinador de la Vocalía de lo Social del Colegio Oficial de Psicólogos (COP) tinerfeño que ha estado presente en las mesas de trabajo convocadas por la Consejería para consensuar el texto. El psicólogo, que ha dedicado gran parte de su vida a trabajar en servicios sociales municipales, reivindica que al mismo tiempo que se desarrolla el reglamento se acometa "una aproximación" a las demandas de la sociedad actual. "La ley tiene que responder a una situación concreta y en función de ella establecer la cartera básica de servicios", destaca.

Iris Gómez, presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de Santa Cruz de Tenerife, tiene una opinión similar. Considera como prioridades dotar de más personal a los ayuntamientos y acometer un diagnóstico de la situación de la que se parte. "Con el personal actual no se podría cumplir con la ley, pero aún no tenemos conocimiento de si se ampliará ni de la ficha financiera. Creemos que son aspectos que deben estar recogidos de antemano, ya sea en la ley o en algún decreto posterior", señala Gómez. Así y todo, la portavoz de este colectivo considera que "es un avance que se hable de crear un sistema general para toda Canarias, que el trabajador social sea el profesional de referencia y que haya, en el futuro, un observatorio de los servicios sociales donde se evalúe su eficacia".

En general, los dos profesionales coinciden en que el cambio de filosofía que propugna el anteproyecto de ley es fundamental. A lo largo del texto se ha intentado dejar patente que Canarias configurará un sistema de servicios sociales similar al sanitario que otorgará derechos. Es decir, el verdadero desafío es que el concepto de benevolencia no sea sinónimo de servicio social. El COP apuesta, además, por crear unos equipos básicos de intervención social que cuenten con un mínimo de tres profesionales -psicólogos, trabajadores sociales y educadores sociales-, que podrían ascender a cinco en los casos en que la administración competente pueda añadir un sociólogo y un abogado. "Una ciudad como La Laguna tendría que contar con un equipo de base mínimo de cinco profesionales, y además tres o cuatro equipos", plantea Miguel Ángel Díaz.

El psicólogo recuerda que el Archipiélago fue pionero en la elaboración de la anterior ley de servicios sociales, pero que el tiempo -tiene más de 30 años- la ha dejado obsoleta. "Muchos ayuntamientos han hecho grandes esfuerzos para potenciar sus equipos de intervención social", asegura. Dentro de Tenerife, la zona norte fue la primera, en la década de los 80 del siglo pasado, que incorporó un sistema de servicios sociales. Todavía hoy, explica Díaz, la diferencia entre esta área y el sur es evidente. "Hay una red muy potente, pero también hay que reforzarla". En la actualidad, País Vasco es, probablemente, la comunidad que cuenta con una ley de este tipo más avanzada, aunque "Canarias también puede decir que tiene una de las más desarrolladas". Sin embargo, ahora "la realidad social es distinta" y redactar una nueva ley no es una opción, sino una necesidad. Se intentó sin éxito en 2014 pero los colectivos implicados -colegios profesionales y entidades del tercer sector- se opusieron al borrador presentado porque no se admitieron sus demandas.

El nuevo reto, plantea Díaz, es que haya equipos de trabajo que "vayan por delante de la realidad" y no se limiten, como en la actualidad, a abordar "lo urgente". "El objetivo es ir más allá".

Para que estas aspiraciones se materialicen es imprescindible que la ley cuente con una "potente ficha financiera". "Tenemos que ser muy ambiciosos", advierte.

Los psicólogos reivindican más protagonismo en la atención de los servicios sociales básicos

La redacción de la nueva ley de servicios sociales ha servido para que los psicólogos reivindiquen más protagonismo en la gestión de estos recursos. Consideran que con el tiempo han quedado relegados frente a otros profesionales. "Es probable que nosotros mismos no hayamos sabido trasladar la importancia del trabajo de los psicólogos y en cierta medida nuestro papel ha quedado reducido a los servicios especializados y no a los servicios básicos", lamenta Miguel Ángel Díaz. El experto considera que ha llegado el momento de reivindicar la labor de diagnóstico o seguimiento que deben liderar los psicólogos en el marco de los servicios sociales. Además, recuerda que esta profesión estuvo presente en el germen de los servicios sociales.