Las poblaciones de Canarias y Euskadi representan lo mismo dentro del mapa español: las dos regiones cuentan con alrededor de dos millones de habitantes distribuidos en una superficie de algo más de 7.000 metros cuadrados. Sin embargo, ahí acaban las similitudes. El nivel de ingresos y las condiciones de vida de sus habitantes están a años luz de distancia. La diferencia entre las retribuciones salariales de una y otra comunidad son abismales, pero también la cifra de personas que cobran pensiones no contributivas: según el Imserso, en las Islas 23.905 personas reciben una prestación de jubilación de este tipo, mientras que en País Vasco esta cifra es solo de 4.981. Pero ¿cómo se hacen las cuentas cuando se tiene que vivir con 367,90 euros al mes?

Las entidades del tercer sector llevan años alertando de que muchos de sus usuarios son personas que trabajan y adultos que cobran pensiones que no llegan ni al salario mínimo interprofesional. Afrontar el pago de un alquiler o una hipoteca, las facturas de agua y luz y la comida es imposible sin ayuda.

En Canarias, las pensiones no contributivas recaen, especialmente, en las mujeres. Muchas de ellas se pasaron toda su vida trabajando, pero no cotizaron.

"La cuantía de la pensión no contributiva por jubilación y de discapacidad es idéntica: 367,90 euros. Es imposible vivir con eso", dice la presidenta del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Santa Cruz de Tenerife, Iris Gómez, que subraya que es frecuente encontrar a personas con este perfil en las dependencias de los servicios sociales municipales.

Otras comunidades donde también es alta la cifra de personas que perciben una prestación de este tipo son Andalucía, Valencia, Galicia y Cataluña, que superan en número de pensiones no contributivas al Archipiélago, pero también en población.

La emigración, el trabajo sin cotizar en el campo o la economía sumergida y de subsistencia son algunas de las claves que explican el fenómeno en el Archipiélago y otras regiones con estructuras sociales comparables.

A este dato hay que sumar el de las pensiones no contributivas por discapacidad, que en las Islas rozan las 20.000 (frente a las 6.000 de País Vasco). Están dotadas con la misma cuantía y no funcionan como mecanismo para evitar la exclusión social.

La crisis económica y el desempleo de larga duración amenazan con incrementar el porcentaje de población que se jubila sin haber cotizado lo suficiente. Esa situación precaria contribuye a la transmisión intergeneracional de la pobreza y dificulta la transformación social.