El número de dependientes atendidos en el último año ha aumentado en casi 89.000, aunque se mantiene una lista de espera de 381.508 personas que, al ritmo actual, se tardaría más de 4 años en incorporar en el sistema de la dependencia, aunque en Canarias serían 25, según los Directores y Gerentes en Servicios Sociales.
Esta asociación explica que pese al aumento en un 12 por ciento de las personas atendidas, "superando el estancamiento registrado desde mediados de 2012 hasta junio de 2015", una de cada tres personas dependientes no recibe ninguna prestación o servicio.
Según los datos hasta 30 de junio del Imserso, hay 1.207.870 dependientes, de las que están siendo atendidas el 68,4 por ciento (826.362) y el 31,6 % (381.508) están esperando la asistencia a la que tiene derecho por la ley de dependencia.
Los directores en Servicios Sociales alertan de las "extremas" diferencias entre las comunidades autónomas.
Destacan que frente al avance de Castilla y León, Madrid, Asturias, La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, están en "situación crítica" Canarias (con una lista de espera superior al 50 por ciento) y Cataluña (con el 40 %).
"El actual incremento de personas atendidas es claramente insuficiente, de forma que con el actual ritmo de nuevas incorporaciones de atendidos deberían transcurrir más de cuatro años para acabar con la lista de espera", denuncia esta organización, que en el caso de Canarias -indica- sería de 25 años.
No obstante, los directores y gerentes destacan la importancia de ese incremento de atendidos por la incidencia en mercado laboral.
"Este aumento en los servicios en el último año ha incrementado en más de 15.000 el número de empleos directos que han entrado a trabajar en el Sistema de Atención de la Dependencia, en el que hay 200.000 trabajadores, mientras que el número de cuidadores no profesionales ha descendido en 6.683", explica esta asociación.
Los Directores y Gerentes en Servicios Sociales reclaman "un modelo de financiación adecuado", frente al actual que "está provocando la paulatina retirada de la financiación finalista a las CCAA por parte de la Administración General del Estado a medida que el gasto se incrementa en la factura autonómica en dependencia".